Aquella célebre frase que se ha atribuido al presidente Benito Juárez que reza, “A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas” viene a colación a propósito de perversión de la Constitución que Morena busca perpetrar para aplicar “la ley a secas”.

Ante la andanada de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias presentadas en contra de la reforma judicial que pretende vulnerar al Poder Judicial y someterlo al control del ejecutivo, Morena aprobó una nueva reforma constitucional con el propósito de frenar, retroactivamente, cualquiera de estas acciones presentadas.

Se trata de una reforma a los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución que establece que serán improcedentes las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y votación, así como aquellas que busquen controvertir las declaraciones o resoluciones de las autoridades competentes en materia electoral.

El texto aprobado constituye un grave retroceso democrático pues cierran la puerta a que una persona pueda inconformarse cuando una reforma constitucional afecte sus derechos. Yendo al límite de lo impensable, con esta reforma, cualquiera con la mayoría en el Congreso, podría decidir que dejemos de ser una República para convertirnos en una Monarquía o que dejemos de ser una Federación para ser un Estado centralista.

Por descabellado que parezca, la historia nos muestra como democracias han caído ante los excesos del fundamentalismo en el poder, justamente por eso la constitución contiene las llamadas “cláusulas pétreas”, es decir, principios inamovibles que el Poder Constituyente diseñó para que la Ley Fundamental se proteja a sí misma de los abusos del poder.

Como regla general, ni en la Constitución Federal ni en la Ley de Amparo se establece que pueda estar sujeta a revisión la propia Ley Fundamental, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En otras palabras, no es posible realizar un control de constitucionalidad de los preceptos constitucionales porque la Constitución es la fuente de todo el ordenamiento jurídico y, por ello, debe considerarse inmune a cualquier tipo de control jurisdiccional.

No obstante, de manera excepcional, el juicio de revisión constitucional, puede proceder en contra del proceso legislativo con el que se aprueba una reforma aun tratándose de una reforma constitucional, como es el caso de la reforma judicial, que fue aprobada al vapor, sin deliberación democrática e incluso con errores tal fue reconocido por la propia presidenta de la República.

Morena se escuda en su mayoría para reformar la Constitución y ha demostrado que lo hará cuantas veces sea necesario para aplicar la ley a secas con el propósito de proteger sus propios intereses.