Un problema grave ha sobrevenido en los últimos días, ya que la reforma constitucional que impacta al Poder Judicial de la Federación ha avanzado en comisiones en la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que en los primeros días de la nueva legislatura el tema se retome en el pleno y con ello haya una aprobación de la propuesta, la cual, por cierto, se considera que es más robusta y con mayores elementos polémicos con relación a la presentada por el Presidente de la República, lo que ha generado opiniones encontradas y una reacción bastante fuerte por parte de los miembros del Poder Judicial que comenzó con trabajadores y que pronto se extendió a Juzgadores que, por una mayoría aplastante, decidieron ir a paro.
Para partir de una circunstancia de análisis profundo en lo que está sucediendo en el país debemos considerar que, con la creación del Estado moderno, se señaló que el poder, para su ejercicio, debía dividirse, ya que, en ese momento, se vivían monarquías absolutistas que concentraban la soberanía en una sola persona. En ese sentido, pensadores como Montesquieu señalaban la importancia que el poder se dividiera en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Lo anterior en el entendido de que esa forma propiciaría frenos y contrapesos a la intención de acumular el poder que podría llevar a conductas autoritarias que afectaran el desarrollo del gobierno, entendiendo, además, que ya en ese régimen el soberano era el pueblo que elegía a representantes para que llevaran a cabo su sentir a la administración. Representantes, por cierto, que se circunscribían al legislativo en todas las formas de gobierno, lo cual fue matizado después con la aparición del parlamentarismo o el presidencialismo que se organizaba un poco diferente pero que en el espíritu era lo mismo.
Hoy vemos una intención de reestructurar el Poder Judicial Federal bajo la lógica de tener condiciones de austeridad y pedir que los miembros de ese poder sean elegidos por el voto popular con algunos requisitos mucho más flexibles de los que se tienen ahora en los procesos de selección que, normalmente, son a través de convocatorias cada vez más abiertas.
La realidad es que no debe existir institución, dependencia o poder, que deba anquilosarse en sus rezagos por el simple hecho de mantener el estado de las cosas inamovible, sin embargo, la decisión que impacta en la constitución federal no debe estar reducida a mayorías. Es decir, cualquier cambio que busque reformar nuestra Norma Fundamental debe pasar por un proceso minucioso que incluya todas las voces y se tome el parecer de los actores en comento.
La intención reformista es interesante y valiosa, sin embargo, la petición de los miembros de ese Poder de discutir, dialogar y mediar una solución también es loable porque, de lo contrario, quien sufrirá los efectos son los justiciables, las personas que buscan proteger la legalidad y constitucionalidad de los actos ante una problemática administrativa con algunos toques organizativos.
La paralización del Poder Judicial puede ser grave a pesar de que existen mecanismos de atender casos urgentes, los cuales se reducen, principalmente a aquellos asuntos en donde está en juego la libertad o la vida (a través de procesos donde se involucra el derecho a la salud), pero son muchos más los que quedan en el tintero de un sistema judicial de por sí ralentizado y cuestionado.
Sí, los cambios son necesarios pero el diálogo es urgente. No podemos traducir a simples números cuestiones de fondo cuando está el futuro de México en juego y donde el auténtico pagador es el pueblo que no ve ni una justicia completa, pero tampoco le conviene una paralización nacional.
