Se encuentra en proceso de aprobación una más de las reformas constitucionales que el Ejecutivo Federal envió en paquete y que tiene una implicación directa con la seguridad en el país, circunstancia que requiere de una atención inmediata ante los acontecimientos graves de las últimas semanas, desde luego, sin olvidar de que se trata de un problema gestado, por lo menos, hace dos décadas en el que se pensó que el combate al crimen organizado era un problema de atención correctivo exclusivamente sin considerar los aspectos preventivos en un país donde la violencia rampante tiene una implicación financiera a considerarse, ya que muchos de los grupos delictivos tienen ganancias superiores a lo que perciben varias naciones de nuestro planeta.

Si hay algo que no podemos negar o que podemos desviar es la creciente inseguridad que vive el país y que se ha manifestado de la forma más violenta que pudieras imaginar en algunas regiones del territorio internacional, robándole paz y tranquilidad a millones de familias que ni siquiera pueden salir a ganarse el sustento sin el miedo de saber si vuelven o no a sus hogares.

Derivado de lo anterior y de las cifras que no mienten en donde los niveles de crímenes han ido en aumento constante generando cifras alarmantes de muertos y desaparecidos, la administración que está por terminar, desde un inicio solicitó un cambio jurídico que permitiera la creación de un mando civil adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual lucía inconstitucional, por lo que se generó un híbrido que dio origen a la Guardia Nacional.

Atendiendo a la operación y los resultados de este nuevo cuerpo de seguridad con mando civil, es que se urgió a que existiera una reforma constitucional que permitiera la adscripción de esta fuerza al Ejército, sin embargo, se estimó innecesario porque ello se trataría de una militarización de facto, circunstancia que nadie avalaría por las implicaciones que pudiera llegar a tener, sin embargo, con esta nueva mayoría en el Congreso se intenta una vez más una reforma que parece inminente.

Es cierto, la historia nos dice que las policías nacionales no pueden adscribirse a los cuerpos militares debido a que se gesta un espacio idóneo para la violación a los derechos humanos debido a que la disciplina militar responde a una capacidad de reacción fulminante atendiendo a que su función primordial es defender la soberanía de un enemigo externo, a diferencia de la policía civil encargada de la seguridad interior de un país y que se forma con la intención de generar el menor daño a la población por medio de protocolos establecidos.

Así, la militarización parece no ser la respuesta para quien debe tener otro tipo de tareas y no las de seguridad pública y no sólo por las posibles consecuencias de generación mayor de violencia, sino porque el espíritu de nuestro Ejército se encuentra en otro lado y en otras funciones que lo pone como una de las instituciones más respetadas.

Por otro lado, no podemos cegarnos y hacer como que el problema de seguridad no pasa o está controlado, ya que vemos como cada vez va en aumento y el trabajo del Ejército en apoyo a las fuerzas de seguridad civil ha dado resultados más importantes que con los que se contaban, por lo que esta petición de devolver a los cuarteles a los militares parece no ser la opción cuando se requiere mayor inteligencia y fuerza organizativa.

El paso de la Guardia Nacional al Ejército es una medida que debe ser acotada en todos sus aspectos legales y constitucionales pensando a futuro y en la inminente necesidad de fortalecer las policías. Considerar que esto es permanente sería un error jurídico y operativo cuando lo que se busca es el bienestar del pueblo de México