El 5 de febrero de este año, el ciudadano Presidente de la República, presentó a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas constitucionales y reformas secundarias, dentro de las cuales destaca la "Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del poder judicial".
El mismo día de su presentación, la Iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, así como a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para opinión.
Recientemente la Presidente electa Sheinbaum dio a conocer que previamente al proceso de discusión y dictaminación por la Comisión competente del Poder Legislativo, serán celebrados sendas consultas públicas y foros de parlamento abierto, con el fin de discutir y analizar la viabilidad de la reforma. Para ello ya han empezado a ser convocados los jueces, magistrados, especialistas del derecho, barras, colegios y asociaciones de abogados, academia y a la sociedad civil.
De esta manera estaremos viviendo durante julio y agosto esos ejercicios de parlamento abierto bajo diversas modalidades, de tal manera que la LXVI Legislatura que inicia su periodo el 1 de septiembre de 2024, quede en condiciones de emitir dictamen y someterlo al pleno y agotar el primer punto de la secuela reformadora de la Constitución.
Cabe aquí el apunte de que se trata de una iniciativa que tiene como sustancia reformar a la Constitución General de la República, el dictamen debe de ser aprobado por la mayoría calificada del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República), así como por las dos terceras partes de las legislaturas de los estados (22 congresos locales).
Mucho se ha hablado del Plan “C” de la 4T, este en síntesis de inicio contemplo que en las elecciones del pasado 2 de junio de 2024, los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido del Trabajo (PT), consiguieran en las urnas la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, así como en los congresos locales, lo cual lograron en efecto.
Falta aún conocer si esa coalición alcanzaría la mayoría constitucional en el Senado de la República, pues el Tribunal Electoral de la Federación tendrá la última palabra en la asignación de escaños.
Dejo aquí apuntados los principales objetivos que busca la Iniciativa: 1) nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia); 2) elección popular de ministros, magistrados y jueces; 3) sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y 4) nuevas reglas procesales.
El aspecto más relevante que ha estado en medios de comunicación y en el foro es el relativo a que magistradas y magistrados de circuito, jueces y juezas de distrito, serán electos mediante ternas
que el Presidente de la República someta a consideración del Senado, en lugar de concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales. Igualmente destaca la propuesta de que la administración del Poder Judicial quede a cargo de un Órgano de Administración Judicial en lugar del actual Consejo de la Judicatura Federal. Otros puntos los comentaremos en una próxima columna.