Les saludo a través de este medio periodístico, a propósito del tema que está en el centro de la discusión nacional sobre la reforma al Poder Judicial, quisiera compartirles inicialmente los siguientes datos:
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian. Esto, aunado a la baja capacidad de las instituciones para perseguirlos, lleva a que la probabilidad de que un delito se esclarezca sea de tan solo 1%. Incluso en los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos y feminicidios, los niveles de impunidad son muy altos. Desde que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios registrados han tenido alguna sentencia condenatoria.
Además, con base en la encuesta Percepciones de Impunidad 2023, entendemos que la impunidad es la falta de castigo ante un delito o la imposibilidad de ser sancionado, en México con relación a la justicia, más del 60% de las personas encuestadas opinan que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez. La mayoría de las personas encuestadas (47%) consideran que la impunidad ha ido en aumento durante el último año, lo que refleja una evidente falta de confianza en el sistema de justicia penal y en nuestras autoridades, mientras que el 38% consideró que la impunidad sigue igual.
Por si fuera poco, inclusive los datos oficiales revelan que en el Poder Judicial de la Federación existe una baja capacidad o determinación para combatir la corrupción y la ineficiencia, con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, en 2022, se iniciaron 1,198 investigaciones derivadas de la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por las servidoras y servidores públicos de las instituciones del Poder Judicial de la Federación; sólo en 249 casos hubo presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa. Durante 2022, se registraron 554 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, se concluyeron 198 procedimientos; sobre el tipo de procedimiento de conclusión, el más frecuente fue resolución de existencia de responsabilidad administrativa no grave, únicamente la parte investigadora determinó 24 casos graves.
En este mismo periodo fueron sancionados 179 servidoras y servidores públicos de las instituciones del Poder Judicial de la Federación; de acuerdo con el tipo de falta administrativa asociada, 146 faltas administrativas no graves; de las cuales, 99.4 % fueron administrativas y 0.6 % económicas; en cuanto al tipo de sanción administrativa, la más frecuente fue amonestación pública con 31.5 % y sólo hubo 7 destituciones.
Analizando estos datos de muchos otros disponibles, podemos concluir que estamos ante una verdadera crisis que pone en riesgo a uno de los Poderes del Estado mexicano, el cual es fundamental que esté ampliamente legitimado, ya que se encarga de una de las funciones vitales que es la impartición de la justicia; el pueblo percibe una muy alta impunidad, es decir la incapacidad de las instituciones para impartir justicia, optando en la gran mayoría de los casos por no denunciar, ya que se considera una pérdida de tiempo o inclusive un riesgo.
Por otro lado, vemos un Poder Judicial federal que ha sido incapaz el de combatir los casos de corrupción y de garantizar el acceso a la justicia para todo el pueblo de México, la percepción sigue siendo, y se comprueba en la realidad, que el acceso a la justicia en México es solo para quien tiene poder económico e influencias; por lo tanto, es urgente e inaplazable para la estabilidad democrática del país una reforma de fondo al Poder Judicial, y que esta misma reforma se armonice a cada una de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Por todo esto es de relevancia los foros de Parlamento Abierto que se han iniciado en el Congreso de la Unión, los cuales están abordando las diferentes dimensiones necesarias para una reforma integral al Poder Judicial, en el cual están participando académicos, expertos, litigantes, organizaciones de la sociedad civil, ministros, magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre otros, a efecto de dar una respuesta al pueblo de México sobre el derecho que tiene de acceder a una justicia pronta, expedita y gratuita.
“… La transformación exige de grandes objetivos que sólo se cumplen mediante el esfuerzo, la disciplina cotidiana y la convicción de aportar por el bien común…” Osiris Leines.