El regulador antimonopolios del país, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), indicó que se ha abierto una nueva investigación debido a denuncias por la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel.
En el Diario Oficial de la Federación, la Comisión indicó que a partir de que se puso en marcha la reforma energética, los expendedores de combustibles han buscado esquemas para lograr economías de escala por lo que se han llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o “alianzas comerciales”.
Se observó, por ejemplo, que en el último año el 10% de las estaciones de servicio del país ha cambiado de razón social.
Aseguraron que estas concentraciones buscan reducir costos y mejorar la distribución de insumos, logística y/o ampliar la oferta de estos combustibles, y que no necesariamente son concentraciones ilícitas.
Pero debido a esto, se puede comenzar una conducta anticompetitiva cuando estas operaciones:
- Aumentan el poder sustancial de uno o varios agentes económicos.
- Desplazan a otros agentes económicos o establecen barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales.
- Facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
Debido a esto, la Cofece ha pedido que se notifique inmediatamente cualquier concentración o proyecto de asociación, para revisar cualquier impacto en las condiciones de competencia de los combustibles.
La Cofece aseguró que esta investigación comenzó el 6 de septiembre de 2017, pero que aún no hay una resolución sobre la responsabilidad de alguna empresa, pues hasta el momento no se han identificado violaciones a la normatividad en materia de competencia económica.
Aunque no se especificó qué empresas están bajo esta investigación, aseguró que de comprobarse una concentración ilícita, se podrán aplicar sanciones, como la ordenar la desconcentración parcial o total de la misma y multar hasta con 8% de los ingresos del agente económico.
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