Ya casi se cumplen 13 años de que se inauguró lo que todavía en Tulancingo llamamos como “la Nueva Presidencia”. Y es que, en estricto sentido, es el más nuevo Palacio de Gobierno que tiene este municipio, y pese a que se visualizó para detonar el desarrollo de Tulancingo desde esas reservas territoriales, a la fecha luce solitaria en medio de tierras de cultivo lejos de ser un polo de crecimiento municipal, de acuerdo con el recorrido realizado en la zona.
“Los espacios del antiguo edificio ya eran insuficientes, poco a poco, trienio tras trienio la demanda de más oficinas en la presidencia fue comiéndose los espacios que fueron destinados como sala de espera, juntas, o áreas libres. En el peor de los casos el hacinamiento creaba conflictos laborales, demeritaba el servicio público, evitando la productividad a pesar de las buenas intenciones de muchos servidores públicos”, se lee en una de las crónicas municipales donde se cuenta el porqué se optó por construir una nueva sede para el gobierno municipal.
En casi 15 años, los cambios que presenta el también llamado Centro Cívico Social, son que se construyó la subdelegación Tulancingo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el cual ya se levanta una vialidad; también ya está terminado y listo para operar el Banco del Bienestar, construido a un costado del Ayuntamiento. Sin embargo, no está en funciones todavía.
Asimismo, se instalaron paneles solares en las inmediaciones del palacio de gobierno, con los cuales se pretende generar la suficiente energía eléctrica para abastecer al edificio de la Presidencia.
“Son 250 paneles asentados sobre una base y la energía que se genere, contribuirá con gran porcentaje del necesario en el edificio (...) La inversión para hacer frente a esta incorporación de paneles fotovoltaicos, fue absorbida con recursos propios de la alcaldía”, señala el gobierno municipal.
Pese a lo anterior, la zona palidece de otros servicios básicos, como la venta de alimentos. La única forma de comprar comida o bebidas es en la cafetería del recinto, ya que tampoco hay ambulantaje. En temas de accesibilidad, para llegar en transporte público hay una ruta que sale desde el centro de la ciudad con destino al Ayuntamiento, el costo por traslado es de 10 pesos.
Cabe recordar que fue un 15 de septiembre del 2011 cuando el alcalde Jorge Márquez Alvarado convocó a un gran festejo por dicha obra, algo que, en su momento, se catalogó como histórico. De hecho, para ese día, se dispusieron rutas gratuitas de transporte público que salieron desde el ya antiguo Palacio de Gobierno y también desde la Secundaria José Ma. Lezama, con destino a la nueva sede gubernamental.
La intención de este proyecta era, según narran las crónicas municipales, “desdoblar a Tulancingo”, término usado para referirse al encauzamiento de crecimiento con destino a la población tulancinguense de Jaltepec y a su vez, en un tiempo aproximado de al menos cuatro décadas, conectar la zona metropolitana del Valle de Tulancingo con el municipio de Acatlán, ubicado a aproximadamente 15 minutos en automóvil de la sede del gobierno.
“Este edificio siempre fue pensado para las futuras generaciones. Esta obra es de y para los tulancinguenses”, pronunció el edil.
Construida en tiempo récord, al considerar que en mayo de 2011 se colocó la primera piedra y en septiembre ya estaba terminado el edificio, en dicha época se aseguraba en medios, así como a nivel estatal, que la Presidencia tulancinguense sería una de las 10 más grandes y bellas del país, con una explanada que es incluso más grande que el Zócalo capitalino.
En total el predio mide 22 hectáreas, terreno donado por la familia Rodríguez Riquelme y Valdéz Rodríguez. Aquí, donde anteriormente existieron tierras de labor, se alza un edificio con 12 mil metros de construcción para oficinas, así como un acceso de 2.3 kilómetros a cuatro carriles. Se mencionó, en esos días, que este nuevo desarrollo le costaría al municipio 60 millones de pesos en una primera etapa.
Sin embargo, este monto se obtuvo mediante la contratación de deuda pública, de la cual únicamente se aplicaron renegociaciones durante nueve años (es decir, toda la administración del panista Julio Soto, del priista Fernando Pérez, así como un año de la segunda vuelta de Márquez en el gobierno). Tal endeudamiento será liquidado en 2024, según se contempla en el Presupuesto de Egresos para el corriente ejercicio fiscal.
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