El coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo Castillo, propuso una reforma al Código Penal de la entidad para que se castigue a los servidores públicos que omitan alertar a la población sobre algún riesgo inminente y que ponga en riesgo a la población con hasta diez años de prisión.

El también representante del distrito de Huichapan señaló que esta reforma busca evitar que se presenten hechos como los acontecidos el pasado 6 de septiembre, cuando las inundaciones ocasionadas por el río Tula provocaron la pérdida del patrimonio de la población que habita en las laderas del afluente.

Agregó que esta sanción será aplicada para los responsables de Protección Civil municipales y estatal, para que se finquen responsabilidades contra los servidores públicos que, conociendo la gravedad de un desastre natural, no alertan a la población sobre las consecuencias de la misma.