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Las acciones afirmativas que se aplican por el árbitro electoral en los comicios para postular candidaturas que representan a grupos discriminados y subrepresentados, de forma indirecta promueven la discriminación, al poner en dilema cómo aplicar una sobre otra, indicó el integrante del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, José Luis Ruiz Torres.
Una “acción afirmativa” en el ámbito electoral son medidas temporales que ayudan a visibilizar a los grupos discriminados (indígenas, de la diversidad sexual, mujeres, discapacitados, entre otros) y tengan la oportunidad de llegar a un puesto de toma de decisiones y difundan su agenda desde su “trinchera”.
La complejidad deriva en que una desplazaría a otra, un sector se sentiría desplazado por otro en aras de dar una prioridad; en el Colegio creemos que podría generar “iniciativas perversas” que lejos de abonar, los partidos políticos las usen según sus intereses, opinó.
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Tampoco, siendo imparciales, el que llegue un representante popular por una acción afirmativa garantiza resultados o una buena administración pública, agregó.
Un ejemplo: se tiene “a una mujer indígena de 25 años con discapacidad”, cuál es la acción afirmativa que pesa más, preguntó.
Defendió que deben aplicarse en forma horizontal y vertical, “obligar perjudica”, pero se está “seccionando” a los ciudadanos y él considera más importante “qué tantas herramientas tenemos para evaluar a nuestros representantes” antes que una reelección o revocación de mandato, para no esperar esos periodos.
En ese aspecto, llamó a la población a “inmiscuirse más en los asuntos públicos, independiente de quien se trate el actor político, funcionario o gobernante”.
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