Las acciones afirmativas que se aplican por el árbitro electoral en los comicios para postular candidaturas que representan a grupos discriminados y subrepresentados, de forma indirecta promueven la discriminación, al poner en dilema cómo aplicar una sobre otra, indicó el integrante del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, José Luis Ruiz Torres.

Una “acción afirmativa” en el ámbito electoral son medidas temporales que ayudan a visibilizar a los grupos discriminados (indígenas, de la diversidad sexual, mujeres, discapacitados, entre otros) y tengan la oportunidad de llegar a un puesto de toma de decisiones y difundan su agenda desde su “trinchera”.

La complejidad deriva en que una desplazaría a otra, un sector se sentiría desplazado por otro en aras de dar una prioridad; en el Colegio creemos que podría generar “iniciativas perversas” que lejos de abonar, los partidos políticos las usen según sus intereses, opinó.

Tampoco, siendo imparciales, el que llegue un representante popular por una acción afirmativa garantiza resultados o una buena administración pública, agregó.

Un ejemplo: se tiene “a una mujer indígena de 25 años con discapacidad”, cuál es la acción afirmativa que pesa más, preguntó.

Defendió que deben aplicarse en forma horizontal y vertical, “obligar perjudica”, pero se está “seccionando” a los ciudadanos y él considera más importante “qué tantas herramientas tenemos para evaluar a nuestros representantes” antes que una reelección o revocación de mandato, para no esperar esos periodos.

En ese aspecto, llamó a la población a “inmiscuirse más en los asuntos públicos, independiente de quien se trate el actor político, funcionario o gobernante”.