Presidentes municipales de Calnali, Miguel Jiménez Espinoza, y de Epazoyucan, Luis Antonio Montiel Castelán, fueron ordenados por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) corregir actos contra titulares de regidurías.
Además, los magistrados del TEEH resolvieron en la última sesión como infundada la denuncia que interpusieron diversos vecinos de San Juanico, Ixmiquilpan para eliminar la elección a delegado en el periodo 2023-2024.
En el caso de Calnali, el magistrado Leodegario Hernández Cortez dio a conocer el caso de la regidora Yarely Melo Rodríguez que acusó una serie de actos cometidos en contra de sus derechos políticos electorales.
Acusó como responsable al alcalde, entre otros.
Tales como negarle la reincorporación a su cargo en la Asamblea, impedirle el acceso a una sesión de Cabildo, eliminarla de un grupo de WhatsApp, así como la omisión de realizarle el pago retroactivo de sus dietas a partir del mes de octubre del 2022.
También, la asambleísta alegó la ilegalidad en actas de Cabildo por no contar con la firma del alcalde.
Detalló el magistrado que actualmente ya fue reincorporada, ella aceptó estar dentro del grupo digital, sobre las peticiones sin respuesta fue calificado como inoperante, ya que algunas son de hechos consumados o simple datos de contacto.
“Al resultar fundadas las alegaciones de la actora en el particular caso de las peticiones no atendidas por las autoridades responsables se propone ordenarles dar cumplimiento”, indicó.
La resolución por unanimidad fue ordenar al alcalde Miguel Jiménez dar respuesta a las solicitudes de la regidora Yarely Melo.
En el caso de Epazoyucan, las regidoras Verónica Jiménez Islas y María Angela Delgadillo Ugalde acusaron omisión del alcalde de presentar a consideración de Cabildo tanto contratos como convenios a celebrar con particulares e instituciones oficiales, “pretendiendo redimir un informe mensual y con ello obstaculizar el derecho con el que cuentan como integrantes de cabildo de conocer, analizar y en su caso aprobar”.
Fue la magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga quien atendió la denuncia y manifestó en su propuesta que el alcalde está facultado para asignar los contratos en su administración, pero también es derecho del resto del ayuntamiento analizar y vigilar que los actos de la administración municipal sean apegados a la Ley.
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Tras detallar que el ayuntamiento aprobó la autorización al mandatario municipal firmar contratos y convenios, “dicha autorización no puede otorgarse de manera generalizada, sino más bien la previa autorización aprobada por los miembros del ayuntamiento”.
Propuso ordenar al ejecutivo municipal convoque a una sesión de ayuntamiento para modificar tal autorización y sean puestos a consideración de los integrantes del ayuntamiento, de igual forma deberá otorgar copia de los contratos y convenios elaborados desde el 11 de enero a la fecha de este año.
Al final, la votación a la propuesta fue votada por unanimidad.