Amonesta el TEEH a presidenta de Tizayuca

El organismo estatal sancionó a la alcaldesa por anunciarse como precandidata a la gubernatura

Gustavo Vargas

  · jueves 31 de marzo de 2022

La magistrada presidente, Rosa Amparo Martínez, acreditó el uso indebido de los recursos públicos. / CORTESÍA TEEH

La tarde de este jueves 31, la magistrada presidente, Rosa Amparo Martínez Lechuga y los magistrados: Manuel Alberto Cruz Martínez y Leodegario Hernández Cortez, así como el secretario general en funciones Antonio Pérez Ortega, del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo, declararon que la presidente municipal de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, hizo uso indebido de los recursos públicos

Durante la sesión virtual transmitida a través de las redes sociales del organismo estatal, se precisó con relación al procedimiento, TEEH-PES-001/2022, interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), en el que la participó la alcaldesa durante un evento proselitista, se acreditó el uso indebido de recursos públicos porque, la denunciada emitió una convocatoria en donde anunció su registro como aspirante a precandidata a la gubernatura de Hidalgo.

En su intervención el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, narró que la alcaldesa convocó a una reunión el 11 de noviembre de 2021, en la que señaló que se había registrado como precandidata a la gubernatura de Hidalgo por Morena, acto con el que vulneró el uso de los recursos públicos.

Detalló que el 11 de noviembre fue un día laboral administrativamente por lo que la presidente municipal Susana Araceli Ángeles, estaba en funciones, además de que sostuvo reuniones con el gremio local por lo que su actuar es indicativo de un uso indebido de los recursos.

Aseveró que la munícipe descuidó su trabajo como funcionaria pública por lo que afectó el uso de los recursos públicos, ya que, de acuerdo al material presentado por el PAN, participó de una conferencia de prensa en la que hizo del dominio público su registro como candidata por el partido Movimiento Regeneración Nacional.

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Finalmente, la magistrada presidente, Rosa Amparo Martínez Lechuga, acreditó el uso indebido de los recursos públicos y efectuó una sanción y amonestación pública.