Aplazan proceso contra extesorero

TRES MESES MÁS PARA INVESTIGACIÓN

VERÓNICA ÁNGELES

  · miércoles 6 de febrero de 2019

La audiencia fue presidida por el juez Ciro Juárez González. / ESPECIAL

Falta de información solicitada a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y a la Comisión Nacional Bancaria (CNB) retrasa tres meses más, el proceso penal que enfrenta el extesorero de Mineral de la Reforma, César Gustavo G. A. por el delito de peculado.

En audiencia pública, el juez de control, Ciro Juárez González, aplazó tres meses el plazo de investigación complementaria, con el objetivo que la defensa del imputado se haga llegar de datos de prueba que solicitó a ambas instituciones antes mencionadas a través del ministerio público para respaldar su teoría del caso.

Durante la audiencia, el juez dejó claro que el plazo otorgado no es para realizar nuevos actos de investigación, sino sólo para aclarar la información que no le fue entregada con oportunidad.

La información solicitada a la ASEH, a través de la Fiscalía consiste en informes del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, de los que sólo recibieron conciliaciones bancarias parciales y repetidas, pero no lo solicitado.

Asimismo, se pidió, lo relativo a la cuenta pública 2015 de Mineral de la Reforma; sin embargo, al revisar los 49 legajos que entregó el organismo fiscalizador no encontró la documentación.

Estados de cuenta de Bancomer, el motivo por el cual se puede eliminar una cuenta bancaria, así como reporte de avance de obras tanto en físico como en aplicación de recursos, forman parte de los solicitado por parte de la defensa, y a lo que no se obtuvo respuesta.

Además de una copia del Manual de Organización del ayuntamiento de Mineral de la Reforma, el detalle de transferencias bancarias de julio a septiembre de 2016, así como una copia del contrato signado por el ayuntamiento con Bancomer, y la posibilidad de corroborar las firmas en la Comisión Nacional Bancaria.

A pesar de la resistencia del ministerio público, que argumentó que las solicitudes tenían “carácter dilatorio”, el juez concedió el plazo de tres meses más, que concluyen el próximo 23 de abril.

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