Con 25 votos a favor y dos abstenciones, los diputados locales aprobaron la expedición de la Ley para la Administración y Destino de Bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio del estado, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, con la cual se crea el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado.
Con las abstenciones de las diputadas locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Torres y Citlali Jaramillo, la ley que envió el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, fue avalada, y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
La diputada local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lisset Marcelino Tovar, refirió que esta nueva ley establece la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, misma que tendrá personalidad jurídica y será descentralizado de la administración pública estatal con patrimonio propio y con domicilio en Pachuca.
De acuerdo con la nueva ley, este organismo estatal tendrá como patrimonio los bienes muebles, inmuebles y demás derechos que le sean asignados, y los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos del estado, así como las cantidades del fondo de administración que determine la Junta de Gobierno para el cumplimiento de sus operaciones.
Entre las atribuciones del nuevo instituto recibirá, administrará, enajenará, monetizará y destruirá los bienes activos y empresas de las entidades transferentes, así como liquidador del gobierno estatal de las empresas de participación estatal mayoritaria con organismos descentralizados de la administración pública estatal.
La Junta de Gobierno del instituto estará conformada por la titular de la Secretaría de Finanzas estatal, María Esther Ramírez Vargas; las subsecretarias de Finanzas, la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo; el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna.
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La persona titular del Instituto será nombrada y removida por el gobernador del estado y ratificada por la Junta de Gobierno, aunque el total de personas que trabajarán en la misma dependencia y el presupuesto con el que contará dependerá de los recursos que se asignen en la Ley Orgánica complementaria que debe aprobarse.