Uno de los asuntos legales más complejos que dejará sin resolver la administración del presidente municipal Jaime Ramírez Tovar será el juicio que enfrenta el municipio por el arrendamiento de patrullas, en el que, la arrendadora, está reclamando una suma superior a los 40 millones de pesos.
El alcalde Jaime Ramírez explicó que se trata de una deuda que se generó en la administración pasada y ha sido un litigio complicado en el que no les ha ido bien, ya que perdieron la última instancia a la que recurrieron.
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Explicó que un juez de distrito no les favoreció y solicitaron un Amparo, porque hay muchas situaciones irregulares en el contrato. Destacó que, por ejemplo, la arrendadora no acreditó que el contrato hubiera sido firmado por el alcalde en funciones, que no se cubrieron las formalidades, porque no presentó la Constancia de Mayorías.
Ramírez Tovar también mencionó que la empresa arrendadora no dio mantenimiento a las unidades, por lo que se descompusieron y a él se las entregaron como chatarra, era muy caro arreglarlas, por lo que prefirió comprar nuevas unidades, y los vehículos rentados, durante su mandato, permanecieron sin dar servicio.
El contrato
El contrato de arrendamiento que firmaron el municipio y la arrendadora, fue por un total de 17 millones 41 mil 488 pesos, que deberían ser cubiertos en 34 mensualidades, del 501 mil pesos, del 5 de septiembre del 2017 al 1 de julio de 2020, más un pago de 403 mil 503 pesos de comisión y un depósito de una mensualidad.
Las unidades rentadas fueron entregadas al municipio durante el primer informe de gobierno de Julio César Ángeles Mendoza el nueve de septiembre de 2017, quien firmó un contrato de arrendamiento con la empresa ID Leasing S.A.P.I. de CV para la renta de 15 unidades vehiculares, incluyendo 11 patrullas para Seguridad Pública Municipal, dos ambulancias para Protección Civil y dos camionetas.
Sin embargo, el contrato no se cubrió en su totalidad durante su periodo de gobierno, ni tampoco durante el periodo de gobierno de Raúl López Ramírez , quien gobernó parte del periodo de gobierno 2016- 2020, y tampoco liquidó el adeudo el Concejo Municipal Interino.
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Cuando el alcalde Jaime Ramírez Tovar asumió el cargo, denunció que recibió las unidades en calidad de chatarra, descompuestas o chocadas, lo cual quedó asentado en el acta de entrega recepción. Se hizo la observación pertinente a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y los vehículos se depositaron en un estacionamiento de la alcaldía, a cielo abierto.
En diciembre del 2022, la arrendadora inició un juicio para reclamar al municipio el pago de 14 millones de pesos, más recargos y una indemnización por el incumplimiento del contrato.
Para agosto del 2021, la arrendadora ya exigía el pago de 17 millones de pesos. Sin embargo, hasta principios de enero del 2024, el secretario municipal Juan Manuel Rodriguez Rojas informó que la empresa les estaba requiriendo 40 millones de pesos, y que la deuda crecía cada día.
El municipio ha interpuesto recursos legales para defenderse, pero el proceso avanza lento. La próxima semana, el cuatro de septiembre, concluye el periodo de gobierno y el alcalde reconoce que será uno de los temas más complicados que deja.
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