ASEH: Suman 15 denuncias penales en siete años

Desde 2016 la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) ha interpuesto 15 denuncias penales contra ediles y exalcaldes, de las cuales seis fueron en este año, pero sólo cuatro fueron detenidos y procesados penalmente por presuntos actos de corrupción.

Entre 2016 y 2022 el organismo auditor interpuso nueve denuncias penales contra los ex alcaldes de Alfajayucan, Santiago de Anaya, Tula, Apan, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y Mineral de la Reforma, siendo este último municipio en donde el ex munícipe, Raúl Camacho, fue procesado penalmente, pero posteriormente fue liberado.

Local

Estafa Siniestra en Hidalgo: Van 7 alcaldes señalados por desviar más de 294 mdp

Durante la gestión de Armando Roldán Pimentel, las denuncias contra los ediles fueron por 14 millones 320 mil 89 pesos para el municipio de Alfajayucan, por cinco millones 684 mil 726 pesos para Santiago de Anaya y siete millones 325 mil 755 pesos por Tula.

Para el caso de Apan fueron por un millón 607 mil 161 pesos, Atotonilco de Tula por 402 mil dos pesos, así como 327 mil 845 pesos por Apan en 2018, y en Mineral de la Reforma por 851 mil 983 pesos y nueve millones 678 mil pesos y contra Tlahuelilpan por 603 mil 224 pesos y 151 mil 11 pesos.

En este año, con la gestión de Jorge Valverde Islas se han presentado seis denuncias penales contra alcaldes, como fueron los casos de Epazoyucan por 14 millones 415 mil 780 pesos; a Pisaflores por 30 millones 960 mil 250 pesos, y Nopala por 71 millones 960 mil 890 pesos.

Local

ASEH: Investigan a 2 auditores por presunta corrupción

También fueron denunciados los ediles de Tula por 60 millones 579 mil 460 pesos, de Huautla por 26 millones 615 mil 780 pesos, y de Acaxochitlan por 20 millones de pesos, pero sólo los munícipes de Epazoyucan, Huautla y Tula fueron procesados penalmente por casos de corrupción.

En las denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la mayoría de las carpetas de investigación no se judicializaron, y no se judicializaron durante la gestión de Armando Roldán Pimentel por los desvíos millonarios que no se regresaron.