A cinco años de iniciado el juicio de amparo por el ejido de San Jerónimo Tlamaco, Atitalaquia, contra la instalación y funcionamiento del ducto que realiza la hoy trasnacional TC Energía por contrato con la CFE en 2015, sería este mes cuando un perito deba entregar el dictamen pericial en materia de riesgo, necesario para realizar la audiencia constitucional donde se determine dar o no la protección federal contra esa obra a los ejidatarios.
Lo anterior, según el acuerdo del pasado primero de marzo del expediente nacional 24450139 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, iniciado el 26 de febrero de 2019, con el que miembros del Comisariado Ejidal de San Jerónimo, municipio de Atitalaquia, requieren la protección federal contra la construcción y el funcionamiento del gasoducto Tula-Tuxpan.
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Ese mismo acuerdo detalla que el 13 de diciembre de 2023 “se aprobó el pago de los honorarios del perito a efecto de que se encontrara en posibilidad de emitir su dictamen pericial en materia de riesgo; por lo que se requiere al referido perito a efecto de que en el término de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación(,) remita el dictamen pericial correspondiente…”.
Ante ello, se aplazó la audiencia constitucional para las 10:39 horas del próximo cuatro de abril, en la que el juez dará sentencia protectora o no.
Difícil conseguir un perito
En los acuerdos de este expediente, iniciado el 26 de febrero de 2019, se consignan acuerdos con los que se notifica del cambio de autoridades ejidales, de los jueces que han conocido el caso, y de los llamados que realizan éstos últimos por contar con un perito en materia de riesgo, hasta que en noviembre se aplicó la normatividad y se llamó al primero de la lista de personas autorizadas, según publicación del Diario Oficial de la Federación.
Entre los organismos y dependencias a las que se les requirió ese perito y que respondieron que no contaban con él, están la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y las secretarías ejecutivas del Consejo del Poder Judicial de las 32 entidades de la república, como la de Michoacán, que respondió negativamente el 20 de octubre de 2020.
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Fueron nombrados Octavio Carrillo Miranda y Luciy Arlett Fuentes Herrera, a propuesta de los quejosos y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), respectivamente, según los acuerdos del 11 de junio de 2019 y del 2 de julio de 2019, pero no se encontró algún acuerdo donde se informara que entregaron dictámenes en materia de riesgo sobre el gasoducto de la entonces Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., hoy TC Energía.
Fue hasta el 3 de agosto de 2023 cuando el juez del caso, Álvaro Licona Martínez (nombrado como tal el 22 de junio de ese año), designó a Eduardo Rubio Maldonado para realizar el dictamen en materia de riesgo, tras agotar las solicitudes a instituciones públicas y atendiendo a un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, “que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del poder Judicial de la Federación”. Y es hasta el 24 de noviembre que el perito “manifiesta su voluntad en prestar el auxilio solicitado”.
Suspensión contra la operación de gasoducto
Este expediente, iniciado el 26 de febrero de 2019, fue inicialmente desechado y posteriormente declarado fundado el recurso de queja el 10 de mayo del mismo año, concediéndose en esa fecha el acuerdo de concederse la suspensión de plano y el 25 de septiembre sólo en cuanto a que no funcione el gasoducto en cuanto se encuentre terminado.
El juez estableció al respecto: “… se concede la suspensión de plano única y exclusivamente para el efecto de que cuando las labores de construcción e instalación del gasoducto Tuxpan-Tula, hayan finalizado, no se ponga en marcha, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto; lo anterior, en virtud de que con la construcción del citado gasoducto no conlleva ningún riesgo de afectación a la salud de perder la vida de alguno o algunos de los ejidatarios de la comunidad quejosa...”.
La ruta del gasoducto
Según su proyecto, el gasoducto Tuxtan-Tula “atraviesa, entre otros, los municipios de Tuxpan y Tihuatlán en el Estado de Veracruz; Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Jalapan, Chila y Honey en el Estado de Puebla; Tenango de Doria, Tulancingo de Bravo, Epazoyucan, Zempoala y Atitalaquia en el Estado de Hidalgo; así como Hueypoxtla y Tula (sic) en el Estado de México”.
Asimismo, en la descripción del proyecto se detalla que el gasoducto tendrá una lo gitud de 276 kilómetros con un diámetro de 36 pulgadas y una capacidad de 886 millones de pies cúbicos al día (MMPCD) de gas natural”, y aunque su fecha de inicio de operación se estimaba el 31 de diciembre de 2017, diversos juicios de amparo hasta la fecha lo han retrasado.
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