La capacitación de todo personal que sirve a la sociedad debe ser permanente, sobre todo en los Ministerios Públicos donde la gente requiere soluciones a sus problemas con prontitud dijo Cuauhtémoc Granados Díaz, jefe del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Agregó que uno de los principales errores que cometió el estado mexicano en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, fue capacitar primero a los jueces, después a los ministerios públicos y al último a los policías, ya que el proceso debió comenzar por los elementos de seguridad que su rama investigadora es la columna vertebral para el funcionamiento del sistema judicial.
Explicó que es necesaria la capacitación permanente y actualizada, así como los recursos financieros y humanos. "Si no está capacitada, no conoce de técnicas de investigación, el manejo de indicios, la cadena de custodia, el aseguramiento de bienes pues poco o nada se puede hacer para que una investigación sea exitosa”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en el estado de Hidalgo tan solo el 19.3 por ciento de los delitos se denuncian, de esta cifra en el 40 por ciento de los casos los agentes de los ministerios públicos inician una carpeta de investigación, esto representa que tan solo el 7.7 por ciento del total de delitos inician un proceso ante la procuraduría estatal.
La cifra negra para Hidalgo es del 92.3 por ciento, siendo las principales razones para no denunciar la pérdida de tiempo con un 24.3 por ciento, seguido de la desconfianza ante las autoridades con un 15.9 por ciento. La ENVIPE establece que un 72.3 por ciento de la población hidalguense percibe corrupción en los jueces, ubicándolos en el segundo lugar estatal detrás de la policía de tránsito, mientras que el 68.5 por ciento desconfía de la policía estatal y el 62.3 por ciento de la policía de investigación.
Con respecto a las carpetas de investigación, la encuesta de INEGI reveló que en el 50.8 por ciento de los casos no se continúa con la investigación, el 26.6 por ciento se encuentra en proceso y solo en el 4.8 por ciento el delincuente fue puesto ante un juez.
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