Son ilegales y quebrantan los derechos humanos y la economía, las medidas restrictivas decretadas por la presidencia municipal de Pachuca, bajo el argumento de atender la situación sanitaria de emergencia por el Coronavirus, señalaron, anoche, empresarios y autoridades del gobierno estatal de Hidalgo. La única autoridad facultada para tomar medidas emergentes, puntualizó Alejandro Pacheco Gómez, de la Secretaría de Salud, es el Consejo de Salubridad de carácter nacional. Por tanto, los empresarios agrupados en la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, analizan la factibilidad de ampararse en contra de la decisión de la alcaldía de la capital o buscarán elementos de defensa, manifestaron a su vez, Edgar Espínola y Ricardo Rivera.
Mientras que José Luis Romo, secretario de la Política Pública, al encabezar una conferencia de prensa con Simón Vargas, María de los Ángeles Eguiluz, Sergio Téllez y Roberto Rico, estableció que cada acción que se tome durante esta crisis sanitaria, deberá ser estudiada de manera epidemiológica, social y económica.
Su aplicación, dijo, deberá tener factibilidad, circunscribiéndose al marco legal vigente, y en ese sentido señaló que el Ayuntamiento de Pachuca pasó por alto publicar en el Periódico Oficial del Estado su decisión de suspender labores en establecimientos, desde ayer y hasta mediados de abril, fundamentándolo en una publicación en su portal de Internet. Los Ayuntamientos no tienen carácter sanitario, son auxiliares del Consejo de Salubridad. En ese sentido, el de Pachuca atenta contra el empleo y el ingreso de las familias.
No es el momento de afectar la actividad económica, añadió. Los dirigentes empresariales, Rivera y Espínola, coincidieron en tener voluntad al diálogo con la alcaldesa Yolanda Tellería, para cuidar la parte productiva del municipio, a fin de no dejar que el dinero tenga movimiento, aunque la vida de las personas está por encima de todo. Finalmente, el coordinador Jurídico del Gobierno, fijó los puntos de las leyes general y estatal de Salud, que violó el decreto de una autoridad no facultada.