Pese a la suspensión del proceso electoral, los servidores públicos pueden incurrir en la comisión de un delito electoral, afirmó el titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en Hidalgo, Sergio Zúñiga Hernández.
Sólo es un delito el que se puede cometer en esta temporada que se ha suspendido el proceso electoral de renovación de ayuntamientos, siendo el de condicionamiento de programas sociales a cambio del voto.
“Nada más pueden incurrir en uno, aquel servidor público que esté condicionando los programas sociales, y más ahorita que hay mucho por la pandemia, aquel que diga te voy a dar cubrebocas, pero vota por tal partido; ahí sí se puede incurrir en un delito, pero es la única conducta que se puede dar en este momento”, expresó el fiscal en Delitos Electorales.
Los demás delito no, debido a que los actos proselitistas se suspendieron y los servidores públicos están en sus casas, o haciendo guardias en sus trabajos.
Al tiempo, Sergio Zúñiga advirtió que dicho delito es catalogado como grave, y amerita prisión preventiva oficiosa
“Que algún partido, diga estamos entregando este programa social, pero hay que votar por equis partido, te vamos a bajar estas despensa, pero hay que votar por este partido… ahí sí se da y es un delito grave, es el más grave que tenemos es nuestra ley”.
Antes de suspenderse el proceso electoral, la Fiscalía inició entre seis y siete denuncias, en donde el señalamiento más concurrente es la participación de funcionario públicos en eventos proselitistas.
Dichas denuncias están en integración de las carpetas, pero Sergio Zúñiga reconoció que tienen una limitación, “ya que se solicita información a dependencias y la mayoría están cerradas. Hay guardias, pero hasta dónde alcance en las investigaciones”.
Finalmente, dejó claro que en la Fiscalía Especializada de Delitos Electoral continúan trabajando, por medio de guardias del personal, en caso que sea necesario atender alguna denuncia.
Como dato, la legislación establece como delitos eletorales: utilizar bienes o servicios públicos en una campaña, condicionar servicios, apoyar a algún candidato en horario laboral, solicitar apoyo a subordinados a favor de una campaña, impedir el uso adecuado de programas sociales, entre otros.
