Si el alcalde de Huejutla, José Alfredo San Román Duval, les ofrece un terreno y apoyo, los 176 desplazados forzadamente por motivos religiosos de Coamila y Rancho Nuevo, aceptarían reubicarse al no existir las condiciones de seguridad a la integridad física de los integrantes de la iglesia bautista La Gran Comisión, debido a que sus vecinos y autoridades auxiliares no aceptan los acuerdos establecidos con las autoridades estatales y municipales, consideraron los evangélicos Juan Nicolás Solórzano, Rogelio Hernández, Orlando Hernández y Pedro Salazar.
Ellos ofrecieron una rueda de prensa en Pachuca, al concluir el seminario “La realidad de la libertad religiosa en México, la discriminación de carácter religioso y los retos de la comunicación objetiva”, que organizó Impulso 18, organismo mexicano que promueve la libertad de culto y documenta casos como el de ellos, por eso fueron invitados a ofrecer su testimonio.
El pastor Rogelio Hernández y su asistente, Juan Nicolás, expusieron que sobreviven de las donaciones que les hacen los miembros de las iglesias del estado y fuera de Hidalgo, lo mismo asistencia médica, y algunos que han encontrado trabajos temporales, porque el gobierno estatal y municipal no aportan algo.
Son 160 evangélicos que están refugiados en la unidad deportiva de Colalambre desde el 26 de abril más 16 que trabajan fuera forman en conjunto la comunidad de La Gran Comisión; hace un mes nació una niña, detallaron.
El presidente de Impulso 18 y representante en el país de Christian Solidarity Worldwide (CSW), Pablo Vargas, durante su ponencia indicó que conforme a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 del Inegi, en Hidalgo hay 60 mil hidalguenses que sufren discriminación por motivos religiosos, “es un problema real del cual no se habla en el estado”.
Abogado de profesión, añadió que en otro hecho de discriminación por motivos religiosos, llevan cinco años sin poder regresar a sus casas unas personas de Cuamontax, en Huazalingo.
Precisó que los de Coamila y Rancho Nuevo, se configuran como “desplazados forzadamente” ya que ellos no salieron por su propia voluntad y el presunto delito es “discriminación” por profesar una religión distinta a la de la mayoría católica en esos poblados.
El Departamento del Interior del gobierno de Estados Unidos realiza un informe anual sobre casos de violación a los derechos humanos y de intolerancia religiosa en México, actualmente están recopilando datos para elaborar el del 2024, informó Trisha Camara de la Embajada de EU en México, quien escuchó los testimonios de Coamila, y que serán agregados al documento que entregan a las autoridades mexicanas y estas deben informar qué harán para solucionarlo.