TIZAYUCA, Hgo.- Considerada en 2012 la cárcel más peligrosa del país, ha cerrado para nunca funcionar como penal, luego de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida en 2016. Este lunes fueron reubicados a otras penitenciarias los 13 hombres que estaban en reclusión para dar paso a una remodelación al inmueble que será usado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal.

Con información del gobierno municipal, datos oficiales publicados por el gobierno federal en respuesta a una solicitud de transparencia en 2016 y notas de este diario, ese penal primero sirvió como cuartel militar en el siglo pasado, después se adaptó para albergar a personas sentenciadas, con un cupo máximo para 48 internos.

Entre 2007 y 2012 hubo dos fugas de reos; en 2016 era una de las diez con mayor sobrepoblación a nivel nacional que junto a otras tres de Hidalgo, dos de Puebla e igual número del Estado de México, y una en Chiapas y Guerrero, completaban la lista.

Para septiembre de 2015, la cárcel distrital de Tizayuca había rebasado, por enésima ocasión, su capacidad de población penitenciaria en 402 por ciento. Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en ese mes, se informaba que “tiene capacidad para 48 internos, cuando hoy tiene 258, entre hombres y mujeres”.

Esas cifras eran una muestra de cómo incide la vecindad con el Estado de México y Distrito Federal, ya que el 90% de los encarcelados son originarios de esos dos lugares, 8% correspondían a otras entidades y “sólo el 2% son de la región”.

En ese mes, el siete, por la mañana “simplemente subieron al techo, escalaron la malla ciclónica y saltaron a la libertad tres reos del penal, alrededor de las 8:20 horas. Antes del mediodía uno fue reaprehendido en compañía de una mujer y trasladado a Pachuca para ser interrogado, mientras las corporaciones policiales buscaban al resto de los prófugos”.

Quienes fungieron como jefes de la corporación policial municipal, estatal y federal mientras funcionó como centro penitenciario, repetían lo mismo: “no es una cárcel, está adaptada”.

Para enero de 2022, la población de internos había disminuido drásticamente a 15, todos hombres, como parte del largo proceso que se siguió tras la recomendación de la CNDH de 2016.

Este lunes 11 de julio salieron los últimos 13 recluidos, del inmueble ubicado en la céntrica y transitada avenida Juárez a un lado de una gasolinera, hacía otros penales.

El gobierno municipal informó que la construcción será intervenida para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal la utilice, pero no específico “porque será un anunció que se haga en próxima fecha”.