La queja de una mujer con discapacidad auditiva ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dejó en evidencia que el Congreso Local no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de legislar a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales, principalmente en la etapa de campaña.
Estefanía Rodríguez Cruz, candidata del distrito VIII de Pachuca de Soto, postulada por Podemos, interpuso un recurso de queja ante el órgano juridiccional debido a que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) se negó a pagar un intérprete de señas mexicanas durante toda la campaña electoral, de acuerdo con el pleno del TEEH, la determinación del órgano electoral fue correcta y apegada a derecho, ya que no se dispone de recursos económicos para ello.
No obstante, los magistrados y magistrada vincularon al Congreso local a efecto de que cumpla con la obligación que tiene el Estado Mexicano para revertir acciones que atentan contra la participación de ese sector en los procesos electorales, en este caso, durante la etapa de campaña.
“Se concluye, existe una omisión de regular las disposiciones electorales, la participación de personas con discapacidad dentro de las acciones de campaña, no está cumplida por el Congreso porque no están previstas acciones para revertir acciones históricas y de facto como la discriminación, injusticia y desventaja; con el objetivo de hacer realidad la igualdad material”, expuso la magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga.
Por ello, el TEEH ordenó vincular al Poder Legislativo estatal para que realice acciones al respecto, después de la consulta correspondiente que determine, que surtan efectos a partir del siguiente proceso electoral. Si el Congreso local no cumple oportunamente, el IEEH deberá diseñar los lineamientos.
Asimismo, los magistrados desecharon el JDC-105/2021 contra la inelegibilidad de Víctor Fernel Guzmán Arvizú, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito étnico local de San Felipe Orizatlán, luego de que el 15 de mayo la comunidad de San Francisco, Huazalingo, negó haberle extendido constancia para demostrar vínculo indígena.