Despojos, cortes de agua, expulsión de comunidades son algunos de los actos de intolerancia religiosa que sufren miembros de la comunidad Cristiana Evangélica en la región Huasteca, denunció Alfonso Farrera González, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos.

En conferencia de prensa, aseguró que por lo menos una decena de municipios hidalguenses presenta esa problemática, entre los que destaca: Huazalingo, Tlanchinol, Huejutla, Jaltocan, San Felipe Orizatlán, Yahualica, Xochiatipan, entre otros.

Farrera González indicó que debido a los actos de discriminación que ha sufrido la comunidad Cristiana, presentaron una solicitud de petición ante el gobernador del estado, misma que contiene seis quejas de personas de la Huasteca que han sido víctimas de violencia, en la que se presume la participación de dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno.

Siendo José Antonio Vital Pérez, director de Conservación de la Subsecretaría de Gobierno de la Huasteca, quien junto con Iván Huesca son señalados de “provocar, incitar a los demás habitantes de la comunidad a que desalojen o expulsen a los cristianos, ello en complicidad con Isaac Bermúdez García, “quien se hace pasar por abogado” y los engañan con la promesa de que les van a arreglar la situación jurídica de sus organizaciones religiosas.

A cambio, los cristianos han entregado cantidades de dinero que van desde los 26 mil pesos, hasta los 275 mil pesos, pero que no les han servido para evitar los cortes de energía eléctrica, agua, drenaje, además de en ocasiones haber tenido que pasar unas horas en los separos.

El señor Nemesio Cruz Hernández comentó que a él le quitaron el agua en el municipio de Huejutla porque se negó a tocar la campana católica, además de haber cubierto una penal-multa por 126 mil pesos antes dichos funcionarios públicos.

Por su parte, Enrique García Serna de Yahualica indicó que el hostigamiento comenzó desde el año 2006, pero en 2009 él, junto con su familia fueron expulsados por siete meses de su comunidad.

Finalmente, Uriel Badillo Lara señaló que fue encarcelado por un lapso de seis horas, además de que lo han intentado obligar a firmar un compromiso para pagar 23 mil 550 pesos por concepto de multa, además de que tiene prohibida la entrada a la comunidad por ser “protestante”, aunado a que no puede trabajar sus tierras parcelarias.

Por lo anterior, hacen un llamado al gobernador del estado para que intervenga en el asunto, ya que en los últimos meses y años han sido blancos de discriminación por el hecho de profesar la religión cristiana evangélica.