La defensa legal del exdirector de Recursos Financieros y Materiales de la SEPH, José Antonio T.D., se desistió de ofrecer entre sus pruebas la declaración del exgobernador Francisco Olvera Ruiz y su entonces secretario de Educación Pública, Joel Guerrero Juárez.
Lo anterior tras desahogarse la audiencia intermedia de la causa penal 355/2016 por el delito de peculado imputado al exfuncionario, por la cantidad de 126 millones 871 mil 653 pesos, en la que el juez de Control, Ciro Juárez González, dictó el auto de apertura a juicio oral.
Durante esta etapa del proceso penal, el agente del ministerio público ofreció pruebas testimoniales, 14 documentales, periciales contables, así como de criminalística de campo. Mientras que la defensa del imputado decidió adoptar una defesa pasiva y esperar a que el Ministerio Público acredite la responsabilidad de su cliente.
Por ello, indicó que no ofrecerá pruebas, y se desistió de las declaraciones de Francisco Olvera y Joel Guerrero; no obstante, se reservó el derecho de que en una etapa más adelante del juicio oral puedan ser llamados para desacreditar alguna prueba.
Cabe explicar que a pesar que se dictó el auto de apertura a juicio oral, aún no se puso una fecha para el inicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento, ello, derivado de que existe un amparo directo promovido por la defensa legal de J.A.T.D., el cual impide que continúe la siguiente etapa del proceso.
Una vez que el juez federal resuelva sobre el amparo interpuesto, se podrá dar fecha para la audiencia de juicio oral.
Cabe mencionar que el abogado defensor, Francisco Aureo Acevedo castro, hizo la solicitud de acumular todas las causas penales de su cliente: 354/2016, 355/2016 y 362/2018, pero la petición fue denegada por el juez, bajo el argumento que se trataba de “efectos dilatorios, lo cual implica afectaciones a la contraparte”.
Asimismo, comentó que a pesar que en algunos de los asuntos se trata de los mismos testigos, éstos pueden entrar en una confusión.
Finalmente, es de destacar que a José Antonio T. D. se le señala en la causa penal 355/2016 de haber desviado recursos que debió utilizar para el pago de impuestos, delito por el cual puede alcanzar una pena de 12 años de prisión y 500 unidades de medida como multa.
