Desde el primer trimestre de 2024, cuando el gobierno municipal revocó los permisos de instalación a la Mercadita Feminista en Tulancingo, viven económicamente afectadas al menos 80 familias de mujeres emprendedoras, comerciantes, estudiantes y jefas de hogar de la región del Valle. Pero no solo eso: tras la cancelación de este modelo comercial que es más bien una forma de protesta legítima en contra de la violencia económica que sufren las mujeres, la colectiva Mujeres del Tule, única agrupación social dedicada al feminismo en la región, no ha podido generar los recursos necesarios para continuar con el activismo, por lo que su labor está prácticamente detenida desde hace meses.
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En ese sentido, la activista Morrigan Flores, representante de la colectiva, señala que a consecuencia de la opresión gubernamental que las integrantes de la Mercadita viven desde su fundación, el número de mujeres que participaban en esta forma de expresión pasó de 150 en 2021 a 80 en 2024, una reducción del 53 por ciento en tan solo tres años. Cambios constantes de sede, revocación de permisos de un día para el otro y hasta actos de violencia policial en su contra, son algunos factores de tal decrecimiento.
“La mayoría son jefas madres de familia y tenemos estudiantes universitarias (...) siempre se habla de la autonomía económica de las mujeres y para lograrlo se requiere de estos espacios. Sí les ha afectado porque tuvieron que buscar otros trabajos en donde descuidan a sus hijos o detuvieron sus estudios, tenemos tres casos en que tuvieron que frenar sus estudios porque vivían únicamente de lo que generaban de la Mercadita, no tenían otro ingreso”, expuso Flores.
Uno de los últimos atropellos que sufrieron ocurrió durante el mes final de la administración municipal anterior, un periodo gubernamental en el que se sumaron dos episodios de opresión ejecutados por funcionarios del Ayuntamiento contra feministas. La noche del domingo 7 de julio, las mujeres comerciantes fueron retiradas de la Plaza de la Constitución en el centro de Tulancingo por elementos de policía, en el momento en que se instalaron carpas y lonas para labores de venta programadas para el lunes.
Bajo argumento de que no tenían permisos para ello, cerca de siete uniformados, algunos a bordo de motocicletas, instruyeron al instalador de carpas para retirar las estructuras. Al otro día por la mañana, horario en el que tenían proyectado bajar su mercancía, elementos policiacos cuidaban el sitio para evitar que se instalaran.
Tal situación rompió acuerdos que se establecieron con el presidente municipal Jorge Márquez Alvarado (q.e.p.d.), toda vez que con él se pactó que habría apertura para la instalación de la Mercadita, al menos, hasta el cierre de su administración, en septiembre de este año. Un hecho similar ocurrió en octubre de 2021, a lo que feministas respondieron con una protesta en el primer cuadro de la ciudad, donde exigieron un alto al hostigamiento y represión por parte de las autoridades locales en torno al tema comercial.
En consecuencia y tras advertir que estaba “prohibido hacer tianguis en la Floresta”, elementos de Seguridad Pública municipal montaron un perímetro en las calles Cuauhtémoc e Hidalgo del centro de la ciudad, para evitar que las comerciantes se instalaran.
Si bien en la actual gestión, encabezada por la morenista Lorena García Cázares, no ha habido opresión con fuerza pública, tampoco se han emprendido diálogos que favorezcan al restablecimiento de la Mercadita. Según explica Flores, persiste una falsa percepción de que es “un gremio comercial” y que ella es la dirigente, idea que rechaza al detallar que se trata de “un proyecto social, una protesta contra la desigualdad económica que si el Estado no hace, para eso estamos nosotras”
“Yo no soy una líder de comerciantes, no somos un gremio de comerciantes, pero sí generamos y gestamos un proyecto de comercio para las mujeres. No hemos tenido un diálogo concreto, yo quería una reunión donde estuvieran los medios de comunicación y las compañeras de la colectiva para plantearles (al gobierno) el proyecto como tal, hacer una presentación de todo y explicar de dónde parte, a dónde va, para qué se utiliza ese recurso, pero no se ha logrado”, abundó.
Por otro lado, la falta de ingreso desde la Mercadita frenó el activismo dedicado exclusivamente para mujeres de los cinco municipios que integran el Valle de Tulancingo y algunos de la Sierra Otomí-Tepehua (Acaxochitlán, Agua Blanca, Metepec, por ejemplo). Lo anterior, debido a que no ha sido posible pagar honorarios a psicológas, médicas, abogadas, entre otras profesionistas que brindan -sin costo alguno para las víctimas- asesoramientos jurídicos, terapias familiares, extracciones de entornos de violencia, acompañamientos para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y/o respaldo y acompañamiento en casos de violencia sexual.
Algo similar ocurrió en el número de mujeres que conforman la colectiva: de tener 18 integrantes fijas en 2020 cuando se fundó, ahora son cinco personas las que dan atención a las decenas de solicitudes de apoyo que llegan mes con mes. Únicamente en el último año y previo a la pausa, se atendieron aproximadamente 50 casos de diversas índoles, en colaboración con una red de apoyo conformada por tres abogadas y dos psicólogas.
“Con la Mercadita se hacen donaciones, se pagan ginecólogas, la actividad ha bajado mucho por lo mismo (...) además de que se solventan las marchas del 8M. Se hacen lonas, se compran playeras, se traen hojas, mantas, cartulinas, pinturas, todo se paga de ahí”
Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en su informe temático “Protesta Feminista contra la Violencia Económica”, las mercaditas se adhieren a los ejercicios de Economía Solidaria Feminista, por lo que “las autoridades deben generar políticas públicas para que, entre otras respuestas a las demandas de este movimiento social, brinden sitios seguros a las mujeres que participan, para que puedan realizar sus expresiones políticas”.
Una mercadita surge como respuesta, explica la CDHCM, ante la desigualdad económica, la doble explotación a las mujeres, tanto en su trabajo productivo, como en su trabajo reproductivo; así como también en la desestimación de los trabajos del hogar, de cuidado y de crianza, que aún están altamente feminizados. Dichas agresiones se traspasan al comercio en el espacio público, donde las mujeres padecen los efectos de la violencia económica.
“Muestra de ello, es que a nivel nacional, del total de personas comerciantes en el espacio público, 46 por ciento son hombres, quienes perciben un ingreso promedio mensual de 4 mil 80 pesos; mientras que las mujeres, que representan 55 por ciento de esa actividad, reciben un salario promedio mensual de 2 mil 730 pesos”, detalla la Comisión defensora con datos del 2023.
Entonces concluye Morrigan Flores:
“Es un tema de resistencia. Puedo estar cansada, pero no quito el dedo del renglón, así tengan que pasar dos o tres años, yo sabía que (la llegada del nuevo gobierno) era picar piedra otra vez, no veo que haya apertura. Pero de esto se trata la lucha feminista. Es resistencia.”
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