El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), ya elabora un mecanismo propio de Atención de Violencia Política de Género, que de acuerdo a sus atribuciones, ejercerá durante el proceso electoral para la renovación de los 84 ayuntamientos, el cual se encuentra suspendido.
Para lo anterior, se conformó un grupo de trabajo de consejeras y consejos electorales, la Secretaría Ejecutiva y las direcciones ejecutivas de Equidad de Género y Participación Ciudadana; de Derechos Político Electorales Indígenas, así como la Jurídica, para hacer un análisis del impacto y posibles medidas que podrán adoptarse.
Comprenderá a partir de la atención de quejas de las candidatas, el posible dictado de medidas cautelares según sea la gravedad de los casos, o como alternativa los canalizarán a otras instancias pertinentes.
El IEEH dio a conocer, que este trabajo en breve le será propuesto a consideración del pleno del Consejo General de este OPLE, y deriva de que el 13 de abril del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, el cual contiene la reforma a seis leyes generales y dos leyes orgánicas, por medio de las cuales se legisla sancionar penal y administrativamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, que participan en procesos electorales o ejercen cargos de elección,
Se señaló que a pesar de que dichas reformas a las leyes generales oficialmente surtirán efecto para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, el IEEH busca aplicar este mecanismo a partir del presente proceso electoral en Hidalgo, en la convicción de proteger de la forma más amplia los derechos político electorales de las mujeres.
Los cambios a la legislación nacional definen a la violencia política de género como delito, establecen cuáles son las conductas violentas, imponen sanciones administrativas y penales, y facultan a instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) y a los Tribunales Electorales Estatales, para diseñar acciones preventivas que eviten, prevengan y en su caso sancionen la violencia política de género
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