Por unanimidad, los diputados locales nombraron a Ricardo Pedro Guinea Nieto como nuevo consejero de la judicatura del Poder Judicial del estado, quien fue avalado en el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura de la entidad.
En la sesión ordinaria, los diputados locales tomaron protesta al nuevo integrante del Poder Judicial del estado, quien, de acuerdo con los legisladores, cuenta con la experiencia y trayectoria profesional y académica para hacerse cargo de su nueva encomienda.
También los legisladores locales aprobaron una reforma a la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el estado, misma que establece que tanto los ayuntamientos como el gobierno estatal deben implementar diferentes medidas específicas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Con esta modificación se establece una temporalidad para la elaboración, expedición y publicación del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, con lo cual se delimitan las bases jurídicas sobre la revisión de los programas y planes existentes para la mitigación de las emisiones contaminantes.
De la misma manera, los legisladores locales avalaron por unanimidad la reforma a la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo para garantizar los derechos de acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y aceptable estableciendo bases y modalidades para el uso equitativo del líquido.
Otra reforma aprobada en la sesión del Congreso local fue la modificación a la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos estatal y municipales para establecer diferentes prohibiciones a los titulares de las áreas con las cuales no podrán condicionar sobre alguna acción a sus trabajadores en algún encargo específico.
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La sesión se interrumpió durante casi diez minutos, debido a la falta de quorum de los diputados locales que abandonaron sus curules y sólo estuvieron presentes 15 de los representantes populares, por lo cual se reanudó la misma sesión hasta el arribo de otro legislador adicional para validar la legalidad de la actividad legislativa.