TIZAYUCA, Hgo.- Nuevamente en el fraccionamiento Fuentes del Pedregal debieron desalojar, esta vez, a 16 familias cuyas viviendas presentan daños estructurales y representan un peligro para quienes las habitan, determinó una inspección de la Dirección de Protección Civil municipal, informó su titular, Juan Francisco Alemán.
La constructora, afirmó, se hará responsable de reponerles sus casas y la Secretaría de Obras Públicas municipal, realizará un estudio de suelo para conocer las causas que provocaron una inclinación de los inmuebles y fractura de las columnas.
Sin embargo, fue hace cinco años que El Sol de Hidalgo publicó la misma situación, pero en aquel mes de julio de 2017, el riesgo de colapsar era de 200 viviendas entre casas dúplex y solas, en ese entonces dijeron los afectados que el fraccionamiento Fuentes del Pedregal tenía seis años de haber sido autorizados, aproximadamente en el 2011.
En dos notas aparecidas, las responsabilidades se las repartieron entre el Infonavit que encabezaba el hidalguense David Penchyna, el actual secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo (SOPOTH), Ventura Meneses Arrieta, quien informó que del caso tenía conocimiento el titular del Infonavit, y la Secretaría de Obras Públicas de Tizayuca, que dirigía Francisco Javier Hernández.
Meneses Arrieta reconoció en entrevista, que la SOPOTH es la que otorgó el permiso de viabilidad para la construcción del fraccionamiento, pero que a la Presidencia Municipal le correspondía los permisos y licencias y “son ellos los que deben vigilar desde que se inician los trabajos de edificación hasta que se da la construcción total de las viviendas”.
En 2017, estaba en juego una inversión superior a los 900 millones de pesos a razón de dos mil 800 viviendas, entre dúplex y solas, que costaban, según informaron propietarios de una y otra, 340 mil y 360 mil pesos, respectivamente, y que también incluía un preescolar en funciones y en proceso una primaria.
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Hubo promesa de parte de las autoridades involucradas, como ahora sucede en 2022, que habría un estudio de suelo para determinar si debían seguir construyendo el fraccionamiento.
Para los 200 propietarios afectados en julio de 2017, la constructora “Hogares Unión y/o Parnelli” les ofreció pagar la mudanza y la renta a donde se reubicaran en tanto les reponían las viviendas.