La presencia de pueblos y comunidades indígenas en Hidalgo debe ser motivo de orgullo, pero también debe ser motivo de compromiso por su bienestar. Darles lo que les corresponde no es un favor, es más bien un acto de justicia, por consiguiente, privarlos de sus derechos es un acto totalmente reprobable y constituye un atentado en contra de los hidalguenses mismos.
Así se pronunciaron la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adela Pérez Espinoza, y el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, recordando en la máxima tribuna de la entidad, que en fechas pasadas acudió al Congreso un grupo de personas provenientes de la localidad de Ixcatepec II, perteneciente al municipio de Huejutla, Hidalgo, en busca de ayuda, pues consideran que se ha vulnerado el derecho humano al agua a todos los habitantes de la comunidad.
Hernández Cerón mencionó que en 2011 iniciaron el trámite de un proyecto para la construcción de una red de agua potable que les permitiría cubrir sus necesidades del vital líquido, para ello acudieron a la presidencia municipal y a partir de ese año comenzaron un sinfín de trámites en el municipio de Huejutla de Reyes y en la capital del estado.
Asimismo, que cada cambio de administración municipal ha acudido a la presidencia del municipio solicitando a las autoridades dar continuidad al proyecto, sin que a la fecha habiendo transcurrido ya 10 años les hayan dado respuesta, violando el derecho de petición que asiste a todo mexicano.
Y en marzo nuevamente se presentaron a la Presidencia Municipal con el fin de saber el estatus de su proyecto.
Sin embargo, al ser atendidos por el presidente municipal, éste les dijo que sí se aprobaría el proyecto pero que tendrían que iniciarlo nuevamente y que éste sería otorgado para dos comunidades, incluida la de ellos, lo cual ha causado molestia e incertidumbre al interior de la comunidad.
