El próximo 20 de febrero de 2019 el titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel, presentará los resultados de la tercera y última parte del informe de la Cuenta Pública 2017 de acuerdo al análisis de las auditorías hechas a lo largo de 2018.
En entrevista, el titular del órgano de fiscalización comentó que ya están preparándose para tener el documento listo para explicar a detalles ante integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del Congreso local respecto de las observaciones a los entes fiscalizados y a cuánto asciende el monto pendiente que falta por solventar.
Recordó que tal y como lo establece la ley, el 20 de febrero presentará el tercer y último informe, y previamente en los meses de junio y octubre de 2018 se presentaron los avances.
En junio, se realizaron 89 auditorías y se observó que tres millones 532 mil pesos estaban pendientes por aclarar, la mayor parte de municipios.
En el segundo informe de ley se realizó en el mes de octubre se entregó información de 207 auditorías y había pendientes de solventar 38 millones 954 mil pesos.
De ahí que, en la tercera entrega quede pendiente de entregar el resultado de las auditorías realizadas al Poder Ejecutivo, 44 ayuntamientos, algunos organismos descentralizados estatales, y unos descentralizados municipales.
Roldán Pimentel aseguró que ya integran los análisis del resto de las auditorías para presentar un informe completo que permita dar transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos en los diferentes entes a quienes se les debe fiscalizar.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Cuenta Pública es el documento que integra la gestión financiera anual de cada ente público, a través de la información financiera contable, presupuestaria, programática y económica que generan, por el periodo comprendido de enero a diciembre del año respectivo.
Una vez que se entregue al Congreso el tercer informe, la ley establece que remitirá copia del informe general a las instancias competentes en materia anticorrupción para los efectos correspondientes.
