Más que llevar a las urnas la elección de juzgadores, el objetivo principal de la reforma al Poder Judicial de la Federación debería ser el de garantizar procesos judiciales que duren tres meses mediante una interconexión digital entre todas las autoridades de las esferas de gobierno y del Poder Legislativo y Judicial de todos los niveles, así como contar, en el caso de Hidalgo, con un Juzgado Mercantil, propuso el juez César Chávez Souverbille, adscrito al Juzgado Primero de Distrito del estado de Hidalgo.
Con más de 20 años de servicio en del Poder Judicial de la Federación, desde febrero de este 2024 como juez en la capital destacó que entre las reformas se responda a una de las inconformidades de la gente “tramitando juicios de manera más rápida y conforme a la actual integración del PJF”.
Agregó: “Sí se puede. Creo que uno de los principales problemas es el sistema de notificaciones, en su mayoría no son modernos. Seguimos utilizando el correo convencional y actualmente hay un sistema de notificaciones electrónicas y sólo en algunos casos no se pueden lograr, para actualizarlo se requiere la interconexión digital entre todos los niveles de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, indicó.
Eso es lo que “retarda el trámite de los asuntos. Y también hace falta una reforma a Ley de Amparo para que modernice el sistema de notificaciones a las partes, ayudaría porque es lo que mayor tiempo consume en la integración de un asunto: poder notificar a todos los interesados”.
Elección de jueces y magistrados
En cuanto a no estar de acuerdo con llevar a las urnas la elección de juzgadores que tienen competencia en todo el estado, apuntó que “no es viable” porque un solo ciudadano hidalguense debería sufragar por 23 cargos: 11 jueces y 12 magistraturas, y habría 138 candidaturas disputándose esos, ya que postularía seis candidatos para cada cargo: 2 el Legislativo, 2 el Ejecutivo y 2 el Judicial.
Resultaría “difícil para la percepción de la población conocer a cada uno de los 138 aspirantes, sus propuestas, nombre, rostro y si se va incluir el logotipo del partido que lo abandere. Sería una compleja boleta”.
Lo único comparable a ese tipo de comicios, comentó, es la del gobernador, pero se reduce a tres o cuatro candidatos, no 138, “y es gente que lleva cierto tiempo inmerso en la vida política, han sido alcaldes, senadores, diputados federales o locales, les conocen”, lo que, dijo, no ocurre con una figura de juez o magistrado.
Además, agregó, si esos aspirantes los apoya un partido político, perderían su independencia, requisito para el cargo, y “se vería vulnerada por los nexos y vínculos con la gente que los impulsa a la candidatura”.
Sostuvo que la elección de un juez o magistrado siga siendo por concurso de oposición abierto (donde se puede inscribir cualquier abogado) o al interior en el que participa el personal perteneciente al PJF; la modalidad de una u otra la definen los consejeros de la Judicatura Federal (CJF), “revisan cuales son las necesidades actuales en la designación de nuevos titulares para las vacantes que pueden desocuparse por ascensos, jubilaciones o fallecimiento, y los menos por renuncia”.
César Chávez informó que llegó por un concurso de oposición interno; en su desempeño es supervisado por el CJF, para lo cual en el primer semestre rinde un informe y en los subsecuentes acude un visitador y revisa los rubros como productividad, entrevista al personal por quejas contra el titular y reciben a los abogados o cualquier persona que esté inconforme con él.
Otra forma de que la población puede externar un mal ejercicio, agregó, es entregando un escrito o buzón telefónico de denuncias o reclamos de responsabilidad administrativa.
El CJF está integrado por figuras propuestas por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la Corte.
Con un salario que no tuvo aumento durante el actual gobierno federal, refirió que “no ganamos más que cualquier otro funcionario del mismo nivel jerárquico, jueces y magistrados porque los ministros tienen otro sueldo, la Constitución establece que somos un alto funcionario de la federación, y no ganamos más que gente que tiene el mismo nivel en Pemex, CFE o Banco de México.
“El tema del salario está entrampado (en la reforma) porque no tenemos las mismas prestaciones cuando nos jubilamos, nos jubilamos con el salario base que es generalmente una cuarta o quinta parte de lo que ganamos y no tenemos acceso a algunas prestaciones como la indemnización en una renuncia, estamos a la par de las Fiscalías”.
En alusión a las Fiscalías y en el caso de Hidalgo la Procuraduría General de Justicia, el entrevistado extendió que la reforma judicial se aplique también el mismo principio de elegibilidad para la legitimación de la función judicial, argumentos de los que la promueven, para fiscales o procurador, los subprocuradores y otros impartidores de justicia como los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, Agrarios, de Justicia Administrativa, “y eso no está incluido”.
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Figuras que están ligadas o tienen relación con el Poder Ejecutivo estatales, como un obrero a un patrón que le dio el trabajo y hasta lo defendería por la dependencia económica, se comparó.
“Si, por ejemplo, en los Tribunales de Conciliación son tripartitos, pero lo cierto es que cabe la posibilidad que dos de los integrantes sean integrantes del Ejecutivo”, añadió, independiente que tienen “muchisísimo más rezago que nosotros y también hay muchas quejas que les ponen muchos obstáculos para la ejecución, porque las ejecuciones es contra los ayuntamientos o el gobierno del estado.
“Creo lo mejor sería que todos los órganos que imparten justicia en México fueran elegidos, según lo que comenta la reforma (del gobierno federal). No estoy de acuerdo en ello, no es el mecanismo idóneo para darle participación a la gente”, ya que hay un problema, “no se le ha dado la información suficiente y a profundidad a la población y no se han escuchado todas las posturas”.
Una de esas posturas es la voz del PJF, para ello van a salir a las plazas públicas a darlo a conocer, y habrá un foro jurídico abierto el jueves ocho de agosto en el Palacio de Justica Federal en Pachuca a las 18 horas, entrada libre, informó.
Los datos y figuras que no se les ha dado la participación es “por la brevedad con la que se quiere elaborar la reforma, por ejemplo para implementar la reforma en materia penal fueron ocho años y la laboral aproximadamente tres años”.
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