TULA DE ALLENDE, Hgo.- Un receso hasta el martes a la 13:30 horas, se decretó en la audiencia inicial, de las diez personas detenidas por los hechos violentos ocurridos la madrugada del miércoles en la planta de Hidalgo de la cementera La Cruz Azul. Al hacer la imputación, la Fiscalía presentó una testimonial que señala que un grupo de 600 personas vecinas del estado de México fueron contratados por quienes encabezan la disidencia cooperativista.
Ayer, en la primera audiencia, a las 14:14 horas, el Juez de Control calificó la legalidad de la detención y más tarde alrededor de la 18:30 horas al formular la imputación, por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad el Ministerio Público hizo el relato de cómo fue que fueron trasladados desde el estado de México a Ciudad Cooperativa.
La Fiscalía presentó como datos de prueba, las testimoniales que recabó de las personas que resultaron lesionadas y que estaban ingresadas en hospitales, así como de los familiares de las personas que fallecieron.
Entre los datos que aportaron los lesionados oriundos del estado de México, un menor de edad de identidad reservada, quien permanece hospitalizado por lesiones, dijo que el encargado de reclutar a 600 personas, para resguardar la cementera fue un sujeto identificado como Daniel, pero cuando llegaron inmediatamente los empezaron a agredir, “no sé por qué”.
Y refirió que después, él se enteró que había sido “un tal Víctor Manuel Velázquez y un tal Marín”, quienes le habían encargado a Daniel reclutarlos.
La Fiscalía presentó también otros testimonios de lesionados que refieren que fueron trasladados desde el estado de México a Hidalgo, en transportes proporcionados por quienes les contrataron. Que un pequeño grupo llegó a ciudad cooperativa Cruz Azul el 26 de abril, a los cuales se les ofreció trabajo por tres meses con un pago de mil pesos diarios.
En tanto que el grupo más numeroso llegó la madrugada del 27 de abril, a los cuales les contrataron por un mes con la promesa de pagarles 500 pesos diarios. Coincidieron en que les proporcionaron camisetas de color rojo a la mayoría y a un pequeño grupo playeras de color oscuro.
El juez preguntó a los imputados si era su deseo que resolviera en ese momento su situación jurídica y los acusados, nueve hombres y una mujer, todos originarios del estado de México, le solicitaron les concediera el término de 144 horas para poder aportar pruebas en su defensa, por lo que a las 01:45 horas, se decretó el receso.
El Juez de Control dictó como medidas cautelares a los imputados, que deberán permanecer en detención en el Centro de Readaptación Social de Tula.