Juan David Ríos Cervantes, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en identidad, recomendó a los padres de familia y tutores respetar las orientaciones, preferencias y expresiones sexuales de niños y adolescentes para no alterar su identidad y su sano desarrollo; subrayó que las terapias de conversión son una violación a los derechos y una forma de tortura.
El profesional que labora en una institución educativa privada, refirió que es necesario informarse para entender la amplia diversidad sexogenérica que existe en la actualidad, lo que ayudará a comprender a los menores de edad en caso de que muestren durante la infancia o adolescencia alguna señal que indique distintas preferencias a las convencionales.
Ríos Cervantes, expuso que los gustos, la personalidad y las habilidades son característicos de las identidades de una persona, por lo que en vano son los esmeros para tratar de cambiar o reformar a las infancias; en ese sentido, aseguró que los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), no tienen ningún fundamento ni validez oficial: “Existen diferentes formas de tortura y el apoyo psicológico no debe ser a la fuerza, es una violación”, dijo.
Estas terapias de conversión o correctivas, están prohibidas en la entidad hidalguense desde que se aprobó en el Congreso del Estado el dictamen para reformar el Código Penal y la Ley de Salud, por lo que el experto recalcó que estas no son formas de orientar: “Violar esta distinción es traumar a los menores”, recalcó.
Por ello, instó a las personas que tienen a su cargo a infantes, a no buscar asesoramientos de ese tipo, abrirse a la nueva sociedad global y que en caso de notar esbozos o ciertas actitudes de niñas, niños o adolescentes hacia su mismo sexo, entender que existe una amplia diversidad, de lo contrario, caerían en una discriminación con sus propios hijos, lo que afectaría sustancialmente a su crecimiento físico y mental.
Los ECOSIG son supuestos tratamientos psicoterapéuticos que buscan modificar la orientación sexual e identidad de género de las personas de la diversidad sexogenérica, por lo que una vez aprobada la reforma en Hidalgo, todo aquel que impida el sano desenvolvimiento de las identidades de una persona, con la impartición, aplicación o financiamiento de este tipo de prácticas, obtendrá una pena de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil UMAs, sanciones que alcanzarán hasta los doce años de cárcel en el caso que estos actos sean a los y las menores; personas adultas con discapacidad o adultas mayores.