La familia de los hoy detenidos y presos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tulancingo, caso que de acuerdo con ellos y con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ocurrió el pasado 5 de abril en la colonia 28 de Mayo en Acatlán, alega que fueron víctimas de presunto abuso de autoridad y arresto arbitrario por parte de agentes de la policía estatal, según expresaron en una protesta a las afueras de los Juzgados de esta ciudad.
El posicionamiento lo emitió la señora Alfreda Pérez Ortiz, una de las afectadas, quien en compañía de al menos veinte vecinos y amigos de su esposo, Emiliano Cordero Jiménez, su hijo, Emiliano Cordero Pérez y su nuera, Esperanza Velázquez Lozada, exigieron justicia con cartulinas y consignas por supuestos atropellos judiciales.
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Ella cuenta que los hechos ocurrieron la noche del jueves 4 de abril y la mañana del día 5, cuando cerca de 70 patrullas y 100 agentes estatales rodearon su domicilio en la noche y luego entraron supuestamente por la fuerza, previo a presuntamente golpearlos y detenerlos en cumplimiento, aseguraron, a una denuncia anónima que les acusaba por posesión y fabricación de sustancias ilícitas.
“Nosotros somos personas de trabajo, somos agricultores. Ellos son inocentes. Cuando llegaron todos los estatales lo primero que hicieron fue romper cámaras y nos golpearon, había dos menores de edad adentro uno de nueve años y uno de tres años que fueron tratados como adultos. Nos trataron peor que delincuentes (...) entraron a robar, se llevaron un monedero que me arrebataron de las manos con más de 30 mil pesos así como teléfonos”, señala la afectada.
Dijo que al momento del operativo no presentaron ningún papel que les informara del supuesto delito. De hecho, luego de algunas horas de sometimiento contra la pared y de amenazas en contra de su esposo, tanto él, la señora, así como su hijo, nuera y otra persona, fueron detenidos y trasladados al CERESO de la ciudad de Pachuca, donde a las horas obtuvieron la libertad ya que su defensa logró demostrar que no eran responsables de los señalamientos por posesión o resguardo de drogas.
“Yo no sé de dónde sacaron tanta droga como dicen que somos narcotraficantes, es mentira, mi esposo lleva más de 30 años siendo paquetero de Estados Unidos. Acarrea cosas de aquí para allá pagando impuestos, tengo comprobantes, hay comprobantes. No han matado, no han robado, no han hecho nada, son personas que en verdad son de trabajo”
Sin embargo, cuando los cinco salieron del centro penitenciario de la capital hidalguense, nuevamente tres de ellos, el esposo, el hijo y la nuera, fueron arrestados ahora por “intento de homicidio contra los estatales”, luego trasladados a la prisión en Tulancingo. Cabe mencionar que sobre esta nueva detención, la PGJEH no emitió alguna ficha informativa.
Del primer operativo, el órgano judicial informó que en el sitio se hallaron más de mil 600 dosis de marihuana así como de sustancias con características propias del cristal. Se incautaron además cinco camionetas, un automóvil, dinero en efectivo y nueve cartuchos útiles de calibre 223.
Por su parte, la familia argumenta que además del dinero y algunos teléfonos, los estatales les quitaron siete vehículos (de los cuales solo aparecieron dos), bicicletas, pantallas, entre otras mercancías que recién habían traído de Estados Unidos, para distribuirla en Acatlán entre las familias de los migrantes.
