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El objetivo de “bancarizar” a la población mexicana que no tiene acceso a los servicios financieros, meta del gobierno federal, por el momento no incluye a los funcionarios de los estados y los empleados de la federación, probablemente porque todavía no se llega a la cobertura total territorial del país con sucursales del Banco del Bienestar (BANBIEN), justificó el delegado de la Secretaría de Bienestar Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno.
En rueda de prensa, en la que informó sobre los avances del reparto de las tarjetas bancarias a los beneficiarios de los programas sociales de pensión, apoyo a madres trabajadoras, a productores y becarios, se le preguntó si era viable que en el caso de los empleados de los tres poderes estatales recibieran su nómina e incluso él y sus compañeros de la delegación.
“Es factible, no necesariamente pronto”, fue su respuesta, para agregar que en su caso como el del resto de la plantilla laboral de la delegación, cuando se dieron de alta laboral todavía no existía el BANBIEN.
Comentó que con “tantas facilidades tecnológicas” no habrá problema de atender más usuarios, ante una posible migración de los servidores públicos hidalguenses para que les depositen su sueldo en las tarjetas de esa paraestatal.
Añadió que “conforme se vaya consolidando” el avance de contar con dos mil 700 sucursales del BANBIEN en el país, estarían transitando a inscribir a los empleados de las administraciones públicas.
Para dimensionar el flujo de dinero que se dispersará este año, en el que los beneficiarios de los programas sociales dejarán de recibir su apoyo monetario en efectivo y contarán con un ‘plástico’, refirió que son más de 12 mil millones de pesos y que son gastados en la economía local de los municipios.
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