El presidente municipal de Tulancingo, Eusebio Hernández Apan, aseguró que habrá respuesta en la actual gestión a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), acerca de la recomendación que la instancia hizo a la administración local para acatar responsabilidades por la muerte de una persona dentro de la barandilla en 2023.

“Ese proceso lo lleva el área jurídica y habremos de darle seguimiento puntual. Creo que hay una prórroga de este tema y si nos da tiempo lo habremos de hacer puntualmente”, expresó el edil al cierre de la presentación del Cuarto Informe de Gobierno de la administración local, a más de siete días después de los 10 que estipuló la CDHEH para obtener una respuesta ante sus recomendaciones.

A dar una disculpa pública, reparación del daño a familiares, así como capacitación y aplicación de sanciones a los elementos policiacos responsables, exhortó la Comisión de Derechos Humanos al gobierno municipal de Tulancingo el pasado 29 de julio, en la Recomendación R-TB-0010-24, documento en el que además se confirman violaciones a los derechos humanos por parte de la policía tulancinguense.

Entre ellos, el derecho a la protección de la vida, luego de que la organización confirmó que el personal médico adscrito al Área de Detención ignoró el debido proceso para priorizar la vida de una persona detenida.

Además, la dependencia recomendó al actual gobierno municipal de Tulancingo, resarcir el daño para los deudos así como para instruir capacitación en materia de derechos humanos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

En el referido documento, la defensora señala como responsables de tal vulneración a policías y al juez calificador de la corporación tulancinguense, así como a la médico de guardia que atendió el caso, ocurrido el 11 de mayo de 2023.

“Las personas servidoras públicas involucradas negaron que fueran causantes de dicha situación y la entonces especialista en Medicina que practicó el certificado de integridad física al agraviado, se abstuvo de declarar ante este Organismo, respecto a los hechos motivo de la queja; motivo por el cual, se analizó si personal del servicio público actuó con apego a derecho”, enuncia la CDHEH.

Cabe recordar que en la fecha referida, un hombre en estado inconveniente fue detenido en el centro de Tulancingo por elementos de la policía.

Debido a que intentó huir, fue sometido por los uniformados y luego trasladado al área de detención, donde perdió la vida casi cuatro horas después. La necropsia determinó que la causa de la muerte fue un infarto ocasionado por la reacción combinada del consumo de alcohol y metanfetamina.

“Se analizó la falta de prevención y adopción de las medidas adecuadas y necesarias para salvaguardar la vida (...) se debe proteger, custodiar y vigilar de manera continua a quienes se encuentren detenidos, a fin de impedir que su salud se vea afectada por no brindarle la atención suficiente, como en el presente caso ocurrió”, abundó la institución.

Y es que según desglosan en el documento de resolución, se violaron seis derechos humanos en total: el de preservar la vida humana, a no ser sometido a violencia institucional, a la suficiente protección de las personas, a la debida diligencia, a una valoración y certificación médica, y, finalmente, a recibir atención médica, psicológica y tratamiento especializado.

“Dejaron de considerar que las personas privadas de su libertad que se encuentran bajo los efectos de alguna sustancia requieren atención médica inmediata. Por lo que se deben implementar acciones para contar con personal médico capacitado, en espacios de detención”

Y agregaron que “se debió proporcionar indicaciones respecto a su atención y/o canalización al servicio médico correspondiente”. Según la Comisión, la valoración no se brindó adecuadamente, al considerar que el certificado médico que se emitió tras la detención, no presentó alguna recomendación para el debido cuidado de la vida de la víctima.

Cabe mencionar que a lo largo de la investigación, se menciona que la familia de la víctima (madre, padre, hermana, así como sus dos hijos), levantó una solicitud a la Comisión para “que se hiciera justicia”, pues denunciaron la agresión por parte de los uniformados:

Un total de 42 golpes en el cuerpo y un hueso roto, según se detectó en la necropsia. Asimismo, declararon que dos días después del hecho, las autoridades de seguridad ordenaron la remodelación de la barandilla.

¿Qué recomendó la Comisión al gobierno de Tulancingo?

Con un plazo máximo de hasta diez días hábiles, el gobierno local debió informar a la CDHEH si tomarán las recomendaciones hechas, entre las que se encuentran:

-Capacitar y actualizar de forma constante a todas las personas integrantes de las instituciones policiales municipales

-Reparación integral del daño a las víctimas de la violación de derechos humanos, en este caso a sus familiares

-Se ofrezca una disculpa pública a los familiares de la víctima

-Dar inicio a los procedimientos legales respectivos para determinar la responsabilidad en que incurrieron los señalados y, en su momento, les sean impuestas las sanciones a que se hubieren hecho acreedores.

Aunque el gobierno de Eusebio Hernández Apan, alcalde de Tulancingo, no está obligado a acatar estas recomendaciones, la organización defensora precisó que de no haber respuesta, informarán tal decisión a la opinión pública.