Este viernes, de manera virtual reanudó la audiencia inicial del hasta ayer presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl N. quien es señalado de haber cometido presuntamente el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades establecido en el artículo 309 ter de l Código Penal de Hidalgo, mismo que establece una pena privativa de libertad de uno a ocho años. La audiencia estaba programada al mediodía y nuevamente por cuestiones de salud del imputado se extendió.
No obstante, al final se dictó prisión preventiva justificada contra Raúl N. y se citó para seguir la audiencia el próximo martes a las 17:00 horas a fin de definir la situación jurídica del hoy exalcalde de Mineral de la Reforma. No obstante, de acuerdo con información que obra en la carpeta de investigación, a la cual esta casa editora tuvo acceso, su acción consistió en la contratación de un supuesto servicio de nómina y transferencia de impuestos trasladados a las empresas: Reclutadora Inteligen de México, SA. De Cv, y KDV Grupo Empresarial, SA. De CV, dentro del ejercicio de la Cuenta Pública 2017.
Lo anterior, a pesar que el ayuntamiento contaba con la estructura orgánica y el personal necesario para el cumplimiento de los servicios contratados a las empresas, incluso el Reglamento establece, entre otras funciones a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, cumplir con las obligaciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos, así como coordinar, supervisar y validar la elaboración de nómina.
Sin embargo, el municipio presuntamente transfirió a la empresa Reclutadora Inteligente de México, SA. De CV. por concepto de impuestos trasladados, la cantidad de tres millones 425 mil pesos, ello a pesar de que los pagos realizados no desglosan el pago de IVA; así como seis millones 252 mil pesos por la contratación del servicio.
Los recursos provenían de los Fondos: Recursos Fiscales por 631 mil 198 pesos; Fondo General de Participaciones por un millón 621 mil pesos; Fondo de Fomento Municipal por 643 mil 121 pesos, ISR de salarios en las entidades federativas por 530 mil 487 pesos, y el pago del servicio también salió de los Recursos Fiscales por la cantidad de seis millones 252 mil pesos, de tal forma que la imputación suma nueve millones 678 mil pesos. Según el artículo 309 ter del Código Penal, se sanciona de uno a ocho años de prisión y multa de hasta 250 UMAs, los delitos que se imputan en este caso.
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