Hasta el próximo año, vigencia de Ley de Testigos Protegidos

Verónica Angeles

  · martes 20 de abril de 2021

Los testigos protegidos pueden conservar su empleo / Blanca E. Gutiérrez

Por cuestiones presupuestales, la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo que este lunes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) entrará en vigor hasta el próximo año 2022. De acuerdo con el transitorio primero de la publicación, se establece que “la presente Ley entrará en vigor el 01 de enero del año 2022, un efecto de se considerará en los recursos dentro del presupuesto de Egresos correspondientes”.

Asimismo, se señala que las medidas de protección que se crean para testigos, podrán ser aplicables respecto de procedimientos administrativos de responsabilidad iniciados con antelación a la entrada en vigor de la misma, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.

La ley presentada por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, y aprobada por el pleno de diputados, contempla la creación de un registro respecto de las personas y medidas que se apliquen. Asimismo, se busca establecer medidas de protección para toda aquella persona que denuncie posibles hechos de corrupción relacionados con faltas administrativas y / o información sensible al proceso de investigación de los mismos;

Las medidas de protección podrán extenderse a familiares del denunciante hasta tercer grado por consanguinidad o parientes por afinidad, así como a las personas con las que tenga lazos de amistad o relación estrecha. Entre las medidas de protección que el Estado podrá facilitar un testigo protegido, se encuentran: Reserva de datos personales; protección policial; cambio de dependencia o área administrativa; traslado a su centro de trabajo; utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación física del sujeto de protección en las diligencias; entre otras.

+ Se debe garantizar la protección de la integridad de las personas que rinden declaración testimonial o información por posibles hechos de corrupción relacionados con faltas administrativas.

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