/ sábado 11 de junio de 2022

Hay denuncias contra interventora del PESH

Sharon Montiel Sánchez, expresidenta del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), informó que existe una denuncia penal en contra de la interventora María Rebeca N. N., quien se encarga de la liquidación del partido, pues no ha cumplido con los lineamientos.

En primer lugar, dijo, la ley señala que quien se encargue del proceso de liquidación debe ser una persona que tenga experiencia en liquidación de partidos políticos o bien en administración, y ella es una licenciada en Derecho, que se ha dedicado a la correduría pública, por lo que incumple con el requisito.

En segundo lugar, violó los plazos previstos por la ley, ya que al emitir la convocatoria para acreedores y proveedores “de manera ilegal y arbitraria” estableció 10 días para que comparecieran, cuando la ley establece que deben ser 15 días, en este punto existe la presunción de fraude.

Asimismo, no respetó el orden de prelación para el pago a proveedores y acreedores, toda vez que a pesar que no ha concluido su labor como interventora, “ya cobró sus honorarios”, dejando de lado a los trabajadores que tienen derecho a la liquidación y que han tenido que presentar demandas laborales para poder cobrar lo que pode derecho le corresponde, por lo que violentó la ley.

“Tiene iniciadas denuncias en la Fiscalía Electoral, también en la Procuraduría de Justicia, en los juzgados civiles, en materia laboral y comete una serie de ilícitos, porque no hace las notificaciones de forma personal y eso que es corredora pública”, dijo Montiel.

Comentó que el órgano electoral ya tiene conocimiento de todas las irregularidades y violaciones a la ley en las que incurre la interventora; sin embargo, hasta el momento no han hecho ninguna acción, por lo que confió en que sean las autoridades penales “las que pongan orden”.

Sharon Montiel Sánchez, expresidenta del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), informó que existe una denuncia penal en contra de la interventora María Rebeca N. N., quien se encarga de la liquidación del partido, pues no ha cumplido con los lineamientos.

En primer lugar, dijo, la ley señala que quien se encargue del proceso de liquidación debe ser una persona que tenga experiencia en liquidación de partidos políticos o bien en administración, y ella es una licenciada en Derecho, que se ha dedicado a la correduría pública, por lo que incumple con el requisito.

En segundo lugar, violó los plazos previstos por la ley, ya que al emitir la convocatoria para acreedores y proveedores “de manera ilegal y arbitraria” estableció 10 días para que comparecieran, cuando la ley establece que deben ser 15 días, en este punto existe la presunción de fraude.

Asimismo, no respetó el orden de prelación para el pago a proveedores y acreedores, toda vez que a pesar que no ha concluido su labor como interventora, “ya cobró sus honorarios”, dejando de lado a los trabajadores que tienen derecho a la liquidación y que han tenido que presentar demandas laborales para poder cobrar lo que pode derecho le corresponde, por lo que violentó la ley.

“Tiene iniciadas denuncias en la Fiscalía Electoral, también en la Procuraduría de Justicia, en los juzgados civiles, en materia laboral y comete una serie de ilícitos, porque no hace las notificaciones de forma personal y eso que es corredora pública”, dijo Montiel.

Comentó que el órgano electoral ya tiene conocimiento de todas las irregularidades y violaciones a la ley en las que incurre la interventora; sin embargo, hasta el momento no han hecho ninguna acción, por lo que confió en que sean las autoridades penales “las que pongan orden”.

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