/ miércoles 26 de julio de 2023

Hay solo ocho intérpretes certificados en San Bartolo

Con lo que se garantiza el acceso a la justicia de pueblos y comunidades originarias

En la actualidad, hay ocho intérpretes o traductores certificados en San Bartolo Tutotepec, que permiten acompañar los procedimientos de impartición de justicia, administrativos, penales, familiares o civiles, informó el comisionado estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez.

El funcionario, compartió que la intención es proporcionar mayor equidad e igualdad, proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como garantizar el acceso a la justicia.

Puntualizó que se asignan intérpretes de lenguas indígenas en los procesos legales o administrativos en los que están involucradas mujeres y hombres indígenas, para coadyuvar a que las accedan a la justicia del estado sin discriminación o limitantes.

"Los traductores una vez que son certificados en su competencia lingüística, lo que hacen es ser llamados por la autoridad judicial, que es un Juez, en materia penal, civil, mercantil o familiar, para ser justamente traductores de esos juicios", explicó.

Destacó que lo que buscan es ampliar la convocatoria para que el número de intérpretes o traductores sea más grande, inclusive no solo porque tengan la posibilidad de entrar a los juicios, sino porque pueden tener otros beneficios.

"Ya que en automático por estar certificado y es hablante de alguna lengua, les aumentan un 20 o hasta un 25 por ciento de las becas Conacyt. Si estás trabajando en una empresa también tienes ciertas bondades, en el gobierno del estado y federal o en las presidencias municipales, esa certificación cuenta para que mejoren sus condiciones labores", dijo.

Añadió que una tercera parte de la población en San Bartolo habla el Otomí y muchos de ellos han llegado a requerir que sean asistidas por personas intérpretes y defensoras.

Por último, informó que en el estado son 241 intérpretes certificados, con lo que se garantiza el derecho de las comunidades originarias a recibir asistencia legal en lenguas distintas al castellano.


En la actualidad, hay ocho intérpretes o traductores certificados en San Bartolo Tutotepec, que permiten acompañar los procedimientos de impartición de justicia, administrativos, penales, familiares o civiles, informó el comisionado estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez.

El funcionario, compartió que la intención es proporcionar mayor equidad e igualdad, proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como garantizar el acceso a la justicia.

Puntualizó que se asignan intérpretes de lenguas indígenas en los procesos legales o administrativos en los que están involucradas mujeres y hombres indígenas, para coadyuvar a que las accedan a la justicia del estado sin discriminación o limitantes.

"Los traductores una vez que son certificados en su competencia lingüística, lo que hacen es ser llamados por la autoridad judicial, que es un Juez, en materia penal, civil, mercantil o familiar, para ser justamente traductores de esos juicios", explicó.

Destacó que lo que buscan es ampliar la convocatoria para que el número de intérpretes o traductores sea más grande, inclusive no solo porque tengan la posibilidad de entrar a los juicios, sino porque pueden tener otros beneficios.

"Ya que en automático por estar certificado y es hablante de alguna lengua, les aumentan un 20 o hasta un 25 por ciento de las becas Conacyt. Si estás trabajando en una empresa también tienes ciertas bondades, en el gobierno del estado y federal o en las presidencias municipales, esa certificación cuenta para que mejoren sus condiciones labores", dijo.

Añadió que una tercera parte de la población en San Bartolo habla el Otomí y muchos de ellos han llegado a requerir que sean asistidas por personas intérpretes y defensoras.

Por último, informó que en el estado son 241 intérpretes certificados, con lo que se garantiza el derecho de las comunidades originarias a recibir asistencia legal en lenguas distintas al castellano.


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