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Fue el pasado 20 de septiembre cuando dos activistas defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Hidalgo solicitaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su respaldo para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso Legislativo de Hidalgo, luego de la publicación de tres decretos que atentan contra el libre ejercicio de los derechos electorales de las comunidades indígenas.
Promovido por el activista cultural y defensor de pueblos indígenas, Arturo Copca; así como por el ciudadano Saúl Marín Lugo, ambos de origen hñahñu y originarios de Ajacuba y Atotonilco el Grande (región de Huasca), respectivamente, estos recursos ante la dependencia nacional se suman al juicio que se interpuso previamente en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH). En este, se buscó que a través de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano se replanteen omisiones legislativas que surgen a raíz de la reforma electoral aprobada por la Cámara de Diputados local.
“No se respeta el derecho que tienen para el libre ejercicio de los recursos públicos, de autogobernarse, de la libertad de que sus sistemas normativos se ejerzan de manera adecuada; además no garantiza la representación en los órganos de gobierno, pues no se específica de manera clara el tema de la comprobación de la autoadscripción calificada”, señaló Arturo Copca, con respecto a las inconformidades sobre el tema.
En ese sentido, los decretos que se impugnan son el 574, en el que se reforman y adicionan varias disposiciones al Código Electoral hidalguense en relación con los derechos político-electorales de elección consecutiva; el 578, que estipula la desaparición de los consejos electorales; y el 576, referente a derechos electorales de los pueblos y comunidades indígenas.
