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En Hidalgo 188 de las 352 plantas tratadoras que existen están en desuso, debido a que no han recibido mantenimiento, aunado a que sólo 65 de los 84 municipios de la entidad cuentan con espacios de tratamiento de las aguas residuales, de acuerdo con el diagnóstico anual de evaluación de la Comisión Estatal de Aguas y Alcantarillado (CEAA).
El diagnóstico estatal detalló que las plantas tratadoras de aguas residuales son función de los ayuntamientos, sin embargo, la mayoría no han recibido mantenimiento, en tanto que otras demarcaciones no han construido estos espacios para reducir el desperdicio de agua potable que se aplica para distintos fines.
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De acuerdo con el CEAA, la mayoría de las plantas tratadoras que no funcionan se encuentran en los municipios de la Huasteca, donde menos del 25 por ciento de las mismas están en operación, mientras que aquellas que se sitúan en los municipios urbanos, sólo operan el 44 por ciento de estos espacios de tratamiento de aguas residuales.
De la misma manera, se encuentran municipios que cuentan con plantas tratadoras pero que ninguna opera como es el caso de San Felipe Orizatlán que cuenta con 24 espacios de este tipo, pero están en desuso, razón por la cual las condiciones de la calidad de las plantas se ha deteriorado.
En cuanto al municipio con la mayor cantidad de plantas tratadoras de aguas residuales, Huautla se sitúa en el primer lugar a nivel estatal con 36 espacios de purificación, de los cuales 27 están inutilizados y nueve apenas operan, por lo cual también cuenta con un alto nivel de déficit de funcionamiento de los espacios de tratamiento de aguas residuales.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada municipio en el estado debe contar con una planta de purificación, la cual de acuerdo con la normativa estatal establece que es competencia exclusiva de los ayuntamientos, aunque éstos deben ser revisados por las autoridades estatales para el cumplimiento de sus funciones.
La institución autónoma detalló que las plantas tratadoras de aguas residuales se distribuyen conforme a la composición demográfica y territorial de un municipio, por lo cual se trata de una función exclusiva de los municipios configurar y crear más espacios de tratamiento de aguas residuales.
Al respecto, la presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Congreso local, María del Carmen Lozano Moreno, mencionó que la mayoría de las plantas tratadoras de la entidad no funcionan, debido a que los ayuntamientos no cuentan con el presupuesto suficiente para atender esta situación, por lo cual se requiere etiquetar un recurso económico permanente para este fin.
La legisladora local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) consideró que las plantas tratadoras de aguas residuales debe ser una prioridad de los ayuntamientos, para que operen en su totalidad, ya que la mayoría de éstas han sido abandonadas durante años sin la intervención de las autoridades municipales.
Asimismo, la representante del distrito de Zimapán ejemplificó que en ese municipio sólo hay una planta tratadora de aguas residuales, aunque existe el problema de la polución de los mantos acuíferos, donde se ha identificado la presencia de arsénico, por lo cual no puede estar exento de alguna responsabilidad.
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También expuso que ha sido un asunto minimizado por las autoridades municipales durante años, pero enfatizó en la importancia de recobrar este tipo de espacios para que se aprovechen las aguas residuales y con ello se impulsen proyectos de desarrollo sustentable.
Problema ecológico
Tula es uno de los municipios más contaminados del país, en donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (Semarnat) decretó la restauración ecológica en 2019, sin embargo, no destinó recursos económicos para la intervención ambiental en la zona, por lo cual se trató de uno de los proyectos pendientes de la actual administración.
De acuerdo con la Semarnat, el proyecto de intervención ecológica de Tula consta de la construcción de 27 plantas tratadoras de aguas residuales para atender la contaminación que padece el río Tula, uno de los más contaminados del país por las emisiones de las aguas residuales de los túneles Emisor Oriente y Centro, provenientes de la Ciudad de México y el Estado de México.
Este proyecto contemplaba la creación de plantas tratadoras de aguas residuales que serían edificadas por la Federación para el cumplimiento de las normativas ambientales, así como para la disminución de emisiones contaminantes en los mantos acuíferos que se contaminaron desde la segunda mitad del siglo pasado.
Asimismo, se contemplaba la creación de plantas tratadoras que serían responsabilidad de las empresas privadas para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales federales y que serían revisadas por la Semarnat, no obstante, la institución detalló que no se cumplieron con los mecanismos específicos para su funcionamiento.
El proyecto de la restauración ecológica de Tula contemplaba una inversión económica superior a los 29 mil millones de pesos, no obstante, no se destinó ni un porcentaje para la ejecución de las obras que hasta el momento siguen pendientes en la región con una contaminación en el río creciente.
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