Ante la plataforma digital y pública de la dirección general de Registro del Estado Familiar existe una lista de 180 personas consideradas deudoras alimentarias y de acuerdo con lo establecido pos los juzgados pierden ciertos beneficios sociales hasta no cubrir los adeudos para el sustento familiar.
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Lo anterior fue informado por Mirian Torres Monroy, titular de la referida dirección, quien agregó que día con día el Poder Judicial solicita que se registren en la plataforma estos nombres que conforman a personas de todos los distritos judiciales.
Actualmente el acceso es a través de ese organismo, pero al parecer a inicios de año se creará una plataforma abierta desglosada por cada municipio que conforma la entidad. Mientras tanto el Registro Familiar tiene bajo su responsabilidad el registro de los morosos y los expedientes de las certificaciones de deudores o no deudores alimentistas.
Los datos son públicos desde el 2021 cuando se aplicaron reformas a las Leyes Familiares, y por ello se llevan a cabo los trámites en los juzgados, una vez que ya se dictó la sentencia definitiva o bien la aceleración de un juicio familiar. Entonces los deudores alimentistas deberán cumplir con una liquidación de los alimentos que se deben, explicó Miriam Torres.
En este sentido, señaló que el juez deberá declarar deudor moroso a un individuo cuando transcurran más de tres meses de no hacer el pago o tres veces que no se realice, aunque no sean continuos; uno de los requisitos es poner de forma pública el nombre completo del deudor y la cantidad.
Hasta el momento no se ha bajado ninguno deudor de la plataforma y estos casos datan desde el 2021. La importancia de estos registros va en que un deudor no puede tener acceso a beneficios como salir del país, adquirir créditos bancarios ni aspirar o participar en elecciones populares para ejercer cargos públicos.
De los 180 casos actuales ninguno es servidor público, informó la directora del Registro del Estado Familiar, al término de la Jornada de Capacitación en Registro Familiar y RENAPO, dirigido a servidores públicos de los 84 ayuntamientos, la cual, se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo (PGEH)