Luego de que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en 2016, expropiara terrenos en Zimapán para regularizar la zona militar, por lo menos 15 denuncias penales se presentaron en contra del comisariado ejidal de Benito Juárez y su comitiva porque hubo falta de transparencia en la repartición de dineros, afirmó el diputado local, Víctor Osmind Guerrero Trejo.
Cuestionado respecto al tema, el legislador explicó que a pesar que el decreto indica que con el sólo hecho de demostrar la posesión del ejido, los ejidatarios tenían el derecho de recibir un monto, el comisariado ejidal de ese entonces, entregó el dinero de manera discrecional, de tal forma que hubo quienes recibieron sólo 10 mil pesos y otros hasta 75 mil pesos.
Inconformes con su actuar, los propios ejidatarios iniciaron carpetas de investigación ante la procuraduría, por la forma en que se repartió el recurso económico.
Detalló que a la hora de entregar el dinero, la comitiva ejidal consideró asistencias, participaciones, pago de cuotas, y una serie de contribuciones que se llevan a cabo dentro del ejido.
“Hemos recibido comentarios y quejas de ejidatarios porque en ese entonces el comisariado ejidal de manera discrecional repartió el dinero que SEDATU entregó. A muchos eso les inconformó, es gente grande de más de 60 ó 70 años y muchos han fallecido, el tema fue que algunos recibieron hasta 75 mil pesos y otros menos de 10 mil pesos o incluso abonos de parte del comisariado que en ese entonces fungía; hubo una serie de irregularidades que denunciaron”, explicó.
Asimismo, evidenció que no se repartió todo el dinero, sino que al salir el pasado comisariado, “tuvieron que quitarle la chequera y notaron que hay un resto de más de dos millones de pesos que los está administrando el comisariado actual, pero que no se ha repartido entre todos los usuarios”.
En ese sentido, comentó que al tratarse de un decreto presidencial “lo único que se tenía que hacer era distribuir el dinero de manera equitativa y la situación es que aún no se reparte todo ese dinero, que ascendió a más de 13 millones de pesos”.