Susana Ángeles Quezada, diputada local, aseveró que es imposible suspender el proceso de designación de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIH), toda vez que se trata de un proceso concluido.
En entrevista con representantes de los medios de comunicación, explicó que efectivamente el juez federal solicitó a la Comisión legislativa de Transparencia y Anticorrupción un informe sobre las acciones realizadas, luego de que se resolvió a favor el amparo indirecto promovido por Hugo Vázquez, actividad para la cual el plazo venció ayer, cerca de las 16:00 horas.
De ahí que la legisladora, presidenta de la Comisión que se menciona, comentó “literalmente suspender el proceso es imposible, porque el proceso está terminado. No es negación, ni falta de voluntad, es una imposibilidad que nos debe ayudar a buscar otras salidas”.
Al tiempo, explicó que la petición del juez de distrito deriva de un acto judicial solicitado por el quejoso – Hugo Armando Vázquez – y aclaró que es una situación que solo atañe a la Comisión de Transparencia y no al Congreso local, además que no se resume a una orden para que los consejeros dejen sus cargos. Aseguró que la Comisión que preside responderá en tiempo y forma la petición del juez de distrito.
La legisladora insistió en que no es posible la remoción del cargo de los comisionados nombrados, pero en una hipótesis que así sucediera, el perjuicio sería mayor para la sociedad, ya que no habría un órgano encargado de garantizar el acceso a la información. “El perjuicio para la sociedad pudiera ser mayor que el beneficio que otorga la ley al quejoso, porque si se deja sin comisionados al ITAIH, no tendríamos claridad de quién garantizará el derecho de información”, expresó.
En este sentido, dejó entrever la posibilidad de plantear salidas alternas sin perjudicar a la sociedad hidalguense. Este asunto deriva de un amparo presentado por Hugo Armando Vázquez en contra del procedimiento de selección de comisionados del ITAIH, en el que un juez federal ordenó la suspensión del acto, pero la Comisión de Transparencia hizo caso omiso a la resolución.
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