Ayer martes 5 de diciembre, la síndica jurídica de Tlanalapa, María del Pilar Domínguez Rivero, informó a El Sol de Hidalgo que, con un documento firmado por el titular del Órgano Interno de Control de la Contraloría Municipal de Tlanalapa, se le notificó e impidió el acceso a su oficina, hecho que aseguró es una represalia en su contra ya que, la funcionaria mencionó encabeza diversos procedimientos legales en contra del alcalde Saúl García Ordoñez, uno de estos por el presunto desvió de un millón de pesos de la cuenta pública 2021 y 2022.

El documento, aseguró se trata de una resolución a un procedimiento que inició la contraloría interna, pero del que supuestamente no se le notificó respecto a qué y porque se tomó esa determinación.

Sin embargo, dijo, se le dan cinco días para dar respuesta y tener un acercamiento con el alcalde, no obstante, dijo, ayer que intentó ingresar al Ayuntamiento, elementos de la Policía Municipal, quienes resguardan este recinto le impidieron el acceso bajo el supuesto de que tenían un oficio con esa indicación.

Aseguró que el acuerdo por el que le notifican su suspensión no está acompañado con la copia del procedimiento por lo que afirmo que la estrategia de su defensa jurídica se iniciaría fuera del Órgano Interno de Control, por lo que recurrirá instancias el Juzgado de Distrito y los Tribunales Administrativos pues además, dijo, el documento firmado por Isaid Daniel Díaz Cano, actual titular del organismo municipal, entregó su renuncia hace dos semanas.

La funcionaria aseguró que se trata de una acción en venganza del presidente Saúl García, debido a que la Auditoría Federal, así como la Superior del Estado, tienen conocimiento del desvío del de más de un millón de pesos del recurso público de la cuenta 2021 y 2022.

Aseguró, que, presuntamente cuenta además con oficios de la Fiscalía General de la República, y otros del ámbito de “Anticorrupción” en los que además se le solicita aclare denuncias por nepotismo, pues, supuestamente, se detectó la contratación de la hermana del alcalde, y supuestamente, se detectó a siete personas como aviadores dentro del gasto público.

Finalmente, afirmó que, se reuniría con un grupo de abogados para iniciar un nuevo proceso legal, que tendría que ver con lo que afirmó se trata de una inhabilitación improcedente, así como por violencia política en razón de género.