El Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE) solicitó un plazo de 20 días más para permitir que un menor con discapacidad pueda ser considerado dentro de un grupo ordinario de natación, el argumento es que aún falta hacer ajustes al vestidor.
Lo anterior, es parte del acuerdo emitido por el Primer Juzgado de Distrito, dentro del expediente 93/2020 en el que comunica a los padres del menor: María Zorayda Robles Barrera y Neptali Reyes Bolaños, que recibió oficio de Fátima Baños, directora general del INHIDE, mediante el cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el que se le ordena incluir al menor en un grupo de natación ordinario.
En el oficio, Fátima Baños señala que a partir del 15 de junio de 2022, el área de alberca del Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento, está abierta al público, y, por cuanto hace a la alberca semiolímpica, estima que se encontrará en condiciones de ser utilizada a partir del uno de julio de 2022.
Una vez que reabran las albercas, se programarán las clases muestra con entrenadores del menor.
En lo que hace al baño vestidor, la directoral del INHIDE informó que se encuentra en vías de acondicionamiento, empero en atención a la condición sanitaria mundial actual (SARS-COV2), se vio en la necesidad de detener la obra por dos semanas y, a partir de 13 de junio de 2022, los trabajadores encargados de dicha adecuación se reincorporaron a sus labores, motivo por el cual solicita una prórroga de 20 días naturales para la entrega.
El juez de distrito otorgó el plazo solicitado por la directora del INHIDE, para dar estricto y cabal cumplimiento a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El juez de distrito pidió a los padres del menor informen a la autoridad responsable, quien será la persona designada para ingresar con el menor a las instalaciones del centro deportivo.
También te puede interesar: Discapacitados deben participar en política
Cabe destacar, que este asunto llegó a la SCJN, luego que las autoridades estatal negaran el servicio al menor bajo el argumento que es discapacitado; actualmente, hay una persona vinculada a proceso por el delito de discriminación y se investiga a otras cuatro por los mismos hechos.