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El presidente de la Asociación Integral por los Derechos Humanos en Hidalgo, Gerardo Romero García, lamentó que los diputados federales aprobaron la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que no tomaron en cuenta a los abogados, estudiantes y trabajadores que se pronunciaron en contra de la misma.
El jurista refirió que se trató de una simulación los foros que organizaron los legisladores federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que no se incluyeron los planteamientos de los trabajadores y especialistas que presentaron para la reforma constitucional.
De acuerdo con el defensor legal, se atenta contra la autonomía e independencia que debe ser parte de la labor del PJF, con lo cual esto impactará en el costo económico que representará para las siguientes generaciones en los próximos años en la impartición de justicia.
Agregó que se necesitan defender los contrapesos para que la labor jurisprudencial de los jueces no esté regida por el ámbito político, aunado a que existen dudas sobre la forma en la que realizarán campañas las personas que busquen ocupar un puesto en el Poder Judicial.
Asimismo, enfatizó que pueden existir presiones políticas para las decisiones del Poder Judicial, lo que a su vez no garantizará el acceso a la justicia para la población, pues se debió priorizar el fortalecimiento de un sistema de carrera judicial para que ocupen esos puestos las personas mejores preparadas y con mayor experiencia.
También aseveró que se debió fortalecer un sistema más efectivo en cuanto a la resolución de los asuntos judiciales federales, además de que la mayoría de los asuntos del país competen a los poderes judiciales estatales, y por ello se desconoce cuál será el futuro de las mismas.
Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y lo particular la reforma al Poder Judicial en una sede alterna durante la madrugada de este miércoles, por lo cual el dictamen será enviado al Senado de la República para que se apruebe y posteriormente sea aprobado en al menos 17 congresos estatales para que se promulgue la modificación constitucional y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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