/ miércoles 20 de abril de 2022

Legislarán sobre responsabilidad patrimonial del estado de Hidalgo

La iniciativa fue presentada por los integrantes de la Junta de Gobierno

A casi 20 años de que fue reformada la Constitución Política de México, y ante una resolución de un juez de distrito, finalmente, diputados locales plantearon una iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo, la cual tiene por objeto consolidar un mecanismo como medio de garantía para el acceso a la indemnización por daños en los bienes o derechos de las personas particulares.

El Estado deberá reconocer la obligación de la Administración Pública, de resarcir los perjuicios causados, así como la de promover la eficiencia de las actividades estatales.

A decir del diputado Julio Valera Piedras, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, destacó que uno de sus alcances será ayudar a incrementar la confianza de los gobernados hacia sus autoridades, legitimando su derecho de ejercicio de acción en contra de autoridades.

En segundo lugar, ante los daños o perjuicios que produce una mala actividad administrativa del Estado, los particulares podrán acceder a una indemnización, además de que se busca mejorarla prestación de los servicios públicos, evitando las malas prácticas, así como tener mejores mecanismos de combate ala corrupción.

Asimismo, comentó que se garantiza que la ciudadanía esté dotada de seguridad jurídica y cuente con procedimientos idóneos para hacer las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de los entes públicos.

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De igual forma, Valera Piedras indicó que se genera una garantía de seguro de riesgo social, que representa una función de “precio a pagar” por los actos irregulares del Estado.

A casi 20 años de que fue reformada la Constitución Política de México, y ante una resolución de un juez de distrito, finalmente, diputados locales plantearon una iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo, la cual tiene por objeto consolidar un mecanismo como medio de garantía para el acceso a la indemnización por daños en los bienes o derechos de las personas particulares.

El Estado deberá reconocer la obligación de la Administración Pública, de resarcir los perjuicios causados, así como la de promover la eficiencia de las actividades estatales.

A decir del diputado Julio Valera Piedras, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, destacó que uno de sus alcances será ayudar a incrementar la confianza de los gobernados hacia sus autoridades, legitimando su derecho de ejercicio de acción en contra de autoridades.

En segundo lugar, ante los daños o perjuicios que produce una mala actividad administrativa del Estado, los particulares podrán acceder a una indemnización, además de que se busca mejorarla prestación de los servicios públicos, evitando las malas prácticas, así como tener mejores mecanismos de combate ala corrupción.

Asimismo, comentó que se garantiza que la ciudadanía esté dotada de seguridad jurídica y cuente con procedimientos idóneos para hacer las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de los entes públicos.

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